Colombia encara la recta final de unas elecciones presidenciales marcadas por la guerra de denuncias. El abogado y candidato ultraderechista Abelardo De la Espriella afronta / Leer más → Colombia encara la recta final de unas elecciones presidenciales marcadas por la guerra de denuncias. El abogado y candidato ultraderechista Abelardo De la Espriella afronta / Leer más →
Colombia encara la recta final de unas elecciones presidenciales marcadas por la guerra de denuncias. El abogado y candidato ultraderechista Abelardo De la Espriella afronta una denuncia penal por su presunta participación en el saqueo del sistema de salud, con epicentro en la región Caribe del país.
La acusación la formuló su rival en la segunda vuelta, el senador Iván Cepeda, del progresista Pacto Histórico, quien radicará la acción ante la justicia. El choque define el balotaje del 21 de junio, en el que De la Espriella, es respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, como parte de un plan injerencista según denunció el aspirante de la izquierda y el propio presidente Petro.
El centro de la denuncia es una cifra concreta, 18.000 millones de pesos —unos 4,5 millones de dólares— que una aseguradora del sistema público de salud pagó al jurista. El origen y el destino de ese dinero son el corazón del escándalo.
La empresa señalada es Salud Vida EPS, una de las entidades que en Colombia administran recursos estatales para garantizar la atención médica de millones de afiliados. Arrastraba un historial complicado cuando decidió contratar al abogado.
Hacia 2018, el regulador estatal, la Superintendencia Nacional de Salud, la había sometido a vigilancia especial por graves irregularidades administrativas, financieras y operativas. La medida buscaba blindar el dinero de los pacientes, justo lo contrario de lo que ocurrió después.
En noviembre de ese año, ya bajo control estatal, la aseguradora firmó con De la Espriella un contrato millonario para su defensa jurídica. El reparto de esa suma es lo que enciende las alarmas. De los 18.000 millones, apenas 3.000 correspondían a honorarios.
Los 15.000 millones restantes formaban una llamativa «prima de éxito», condicionada a salvar a la firma intervenida. Todo ese dinero, sostiene Cepeda, salió de recursos públicos del sistema sanitario.
La legislación colombiana no deja margen, recordó el senador, porque «se prohíbe explícitamente destinar recursos públicos de la salud para pagar defensa jurídica» de directivos, propietarios o terceros. Usar fondos de pacientes como escudo legal de los administradores configura, en su criterio, un delito grave.
El caso encaja en un patrón que durante años desangró la salud pública del país. La Comisión de la Verdad, creada tras el acuerdo de paz de 2016, lo documentó con cifras: entre 2002 y 2010, cerca de 530.000 millones de pesos destinados a la atención médica terminaron en manos de grupos paramilitares o de sus aliados políticos, que crearon y controlaron aseguradoras para desviar el erario.
En ese entramado, Cepeda ubica actuaciones reiteradas del jurista. De la Espriella y su firma habrían representado legalmente a varios implicados, entre ellos el exsenador condenado por sus nexos con el paramilitarismo Dieb Maloof.
El abogado también gestionó ante el regulador la habilitación de otra prestadora, Salud Andina, una operación con la que, según la denuncia, buscó favorecer al jefe paramilitar Gerardo Bejarano Villarreal. La autorización nunca prosperó, aunque el intento engrosa el expediente.
El nuevo señalamiento refuerza una ofensiva judicial más amplia. Días atrás, Cepeda había acudido a la Fiscalía colombiana y a la Corte Penal Internacional acusando a De la Espriella de presuntos vínculos con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la mayor federación paramilitar del conflicto armado.
Una defensa pagada mientras la empresa agonizaba
El momento elegido para contratar al abogado agrava el cuadro. Cuando Salud Vida EPS firmó el acuerdo, la compañía vivía su fase terminal, con un pasivo multimillonario, patrimonio negativo y más de un millón de afiliados que terminarían trasladados a otras aseguradoras.
En vez de blindar a esos pacientes en riesgo, la entidad destinó una fortuna a su propia defensa jurídica. El dinero que debía sostener la atención médica de un millón de personas se canalizó, según la denuncia, hacia honorarios y primas de éxito.
Mientras se hundía, Salud Vida tampoco dejó quieto su patrimonio. La denuncia de Cepeda sostiene que la empresa vació sus bienes y los puso a salvo fuera del país. En diciembre de 2018, la Fiscalía fue informada de la venta de 46 inmuebles por más de 164.000 millones de pesos —alrededor de 40 millones de dólares— a una sociedad de estructura panameña. Sus dueños, según Cepeda, eran personas cercanas al candidato, entre ellas un familiar suyo.
La maniobra coincidió con un intento de reorganización. Salud Vida pidió crear una nueva sociedad que absorbería a los afiliados mientras los inmuebles permanecían en la empresa original, una operación que el regulador, la Superintendencia Nacional de Salud, terminó negando.
Durante esos mismos meses, De la Espriella ejercía la defensa de la EPS ante la Fiscalía y la Contraloría, con pagos que salían del tesoro público. Por eso la denuncia pide a las autoridades determinar si el abogado conoció o intervino en el ocultamiento de esos bienes.
Una red de empresas y aliados en el Caribe
El caso, advierte Cepeda, no se reduce a un contrato. Apunta a una red de aseguradoras del Caribe presuntamente controladas por el paramilitarismo y alimentada con recursos del Estado. Según la denuncia, una de esas empresas recibió 44.000 millones de pesos en subsidios del Adres —el fondo estatal que administra el dinero de la salud—, más sumas adicionales giradas por otras EPS ligadas a estructuras armadas y por entidades ya liquidadas que operaban en municipios bajo control paramilitar.
El círculo se cierra, afirma el senador, en el propio entorno del candidato. Cepeda vincula a un colaborador de la campaña de De la Espriella con clínicas que captaron cientos de miles de millones de pesos del sistema de salud, parte de ellos a través de una EPS dirigida en su momento por allegados a un senador investigado por otros delitos.
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