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Álvaro Uribe Vélez es el primer expresidente de Colombia en enfrentar un juicio. El proceso en su contra inició hace 13 años tras haber sido acusado de presuntamente estar relacionado a grupos paramilitares.
El caso del exmandatario ha hecho que la Justicia colombiana se enfrente a una de las decisiones judiciales más trascendentales de su historia reciente.
El desencadenante del proceso
Entre 2012 y 2014, el senador Iván Cepeda presentó testimonios de exparamilitares que aseguraban haberse reunido con Uribe durante su época como gobernador de Antioquia.
En respuesta, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema por calumnia, fraude procesal y abuso de función pública.
Sin embargo, en 2018, el tribunal determinó que Cepeda era inocente y halló indicios de que el exmandatario habría manipulado testimonios para perjudicarlo.
En 2020, la corte ordenó detención domiciliaria contra Uribe, quien entonces era senador y terminó renunciando al puesto. El caso pasó a la Fiscalía, dirigida por Francisco Barbosa, aliado del uribismo y nombrado por el expresidente Iván Duque. El proceso quedó estancado pese a la oposición de distintos jueces.
Más acusaciones
Finalmente, en 2024, tras la llegada de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, la entidad llamó al expresidente a juicio, acusándolo de soborno a testigos, fraude procesal, así como de otro nuevo cargo por soborno.
Desde febrero de 2025, el caso se ha mantenido bajo constante prescripción. Durante los alegatos finales, las posturas se han dividido: mientras la Fiscalía y las víctimas han exigido que se declare culpable al expresidente, la Procuraduría y la defensa de Uribe han abogado por una absolución.
Expertos resaltan que este juicio no solamente es importante por la decisión que se tome, sino también por los impactos políticos en Colombia, ya que la imagen de Uribe, figura relevante en la derecha colombiana, se ha visto debilitada, lo cual tendrá un impacto en la próxima contienda electoral.
La juez Sandra Liliana Heredia deberá determinar si condena o absuelve al exmandatario. La magistrada señaló que podría tener una decisión lista a finales de julio.
De ser así, la defensa contaría con aproximadamente dos meses para resolver las apelaciones antes de un fallo definitivo antes del 8 de octubre del año en curso, fecha en la que prescribe el caso.
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