La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de Argentina aceptó una petición de dos ONG vinculadas al campo legal y la lucha anticorrupción y solicitó la / Leer más →
Fuente La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de Argentina aceptó una petición de dos ONG vinculadas al campo legal y la lucha anticorrupción y solicitó la / Leer más →
Fuente
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de Argentina aceptó una petición de dos ONG vinculadas al campo legal y la lucha anticorrupción y solicitó la reapertura de la causa $LIBRA, luego de que un juez federal sobreseyera recientemente al presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, así como a otras 10 personas vinculadas al escándalo por la estafa que generó más de 250 millones en pérdidas a unas 40.000 personas a nivel global.
La PIA, con el fiscal Sergio Rodríguez al frente, dio lugar a la demanda de las ONG Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), apeló el sobreseimiento y solicitó al juez a cargo de la causa reabrirla, alegando que el expediente debe seguir abierto para esclarecer aspectos centrales de la criptomoneda que Milei asegura solo haber difundido.
Luego del polémico fallo de sobreseimiento de todos los acusados, dictado el pasado 23 de octubre por el juez Marcelo Martínez de Georgi a pedido del fiscal Eduardo Taiano, esta semana un grupo de afectados en la estafa de $LIBRA ya había apelado la decisión judicial.
A raíz de que este jueves la Procuraduría de Investigaciones Administrativas admitiera la solicitud de Cipce e Inecip, el director ejecutivo de esta última, Pedro Biscay, declaró que la intervención de la PIA «es un paso fundamental para reabrir la investigación del caso $LIBRA».
«El juzgado y la Cámara Federal deben garantizar una investigación exhaustiva, proactiva y especializada que permita esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y evitar la impunidad», afirmó Biscay.
En un comunicado conjunto, las dos ONG dijeron que la decisión de la PIA de asumir el ejercicio de la acción penal y solicitar la reapertura recoge el reclamo sobre el sobreseimiento prematuro de Javier y Karina Milei y demás imputados.
«Está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad», advirtieron. Agregaron que la decisión de sobreseimiento del juez De Georgi «dejó sin agotar líneas centrales de investigación: la trazabilidad de los fondos, la recuperación y el análisis de comunicaciones, los posibles acuerdos comerciales y los movimientos de dinero vinculados con los hechos».
Según Cipce e Inecip, hubo una «valoración aislada» de «indicios que deben examinarse en conjunto para reconstruir una posible trama de corrupción». Recalcaron que las limitaciones técnicas o «las respuestas incompletas a pedidos de información exigen profundizar la investigación».
Las dos ONG subrayaron que la decisión del juez De Georgi no respetó la Ley de Víctimas. «El sobreseimiento fue solicitado y dictado sin garantizar a las víctimas la posibilidad de ser escuchadas y pedir la revisión del criterio fiscal, mecanismo establecido por el artículo 80 del Código Procesal Penal Federal y por la Ley de Víctimas. La participación de las víctimas y de la sociedad civil es una garantía indispensable para controlar decisiones que pueden clausurar definitivamente el acceso a la justicia», dijeron.
El fallo de sobreseimiento de Milei y otros implicados en $LIBRA
La semana pasada, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 de Argentina resolvió el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otras 10 personas investigadas en la causa $LIBRA. La causa fue archivada definitivamente luego de que la Justicia determinara que la promoción y posterior caída de la criptomoneda no constituyeron ningún delito penal ni encuadraron en una figura legal.
La decisión fue adoptada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi tras la solicitud presentada por el fiscal Eduardo Taiano. El magistrado concluyó que no hay elementos suficientes para avanzar con una acusación penal por estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública.
El fallo judicial se produjo pese a evidencias que dejaron varios peritajes informáticos realizados en noviembre de 2025 por la justicia y revelados en marzo por la prensa local. En esas pesquisas, se recuperaron del teléfono de uno de los implicados el borrador de un contrato entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, impulsor de la moneda, por unos cinco millones de dólares.
Además, peritajes difundidos en los últimos días mostraron que Milei mantuvo, en paralelo al lanzamiento de $LIBRA, reiteradas conversaciones con Mauricio Novelli, empresario argentino que contactó al mandatario con Davis y uno de los principales implicados en el caso.
En junio, un informe preliminar de la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal (PFA) había afirmado que Milei no obtuvo el contrato del criptoactivo de internet, como afirmaba, sino que se lo tuvo que haber facilitado el creador de $LIBRA o alguien vinculado a él.
Internacionales – La Época – Con sentido del momento histórico
