El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define la Constitución como la ley suprema de un Estado, que regula la organización de los poderes públicos y establece las garantías de los derechos; ostenta una posición de jerarquía sobre todas las demás normas que integran el ordenamiento jurídico y solo puede ser reformada siguiendo los procedimientos en ella establecidos.
La Constitución boliviana de 2009 es el resultado de un enfrentamiento civil con muertos y heridos; y fue aprobada de manera ilegal, pasando por alto la Constitución anterior y su Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. No solo eso: es el resultado de un trabajo ilegal posterior al Constituyente, hecho por catedráticos extranjeros, que no conocen la realidad social, política y económica de Bolivia.
A diferencia de lo anterior, el proceso constituyente español de la década de 1970, por citar solamente un ejemplo, fue el concurso de múltiples variables políticas, filosóficas y jurídicas, que con suficiente antelación decidieron una ley suprema que representara la democracia liberal, el Estado de Derecho, el pluralismo político y la justicia. Es decir, hubo un período en el que fuerzas políticas de diferente cuño debatieron el futuro de la España posterior al franquismo.
Precisamente, la administración del presidente Rodrigo Paz, pero también los legisladores y jueces bolivianos, hallan grandes dificultades en la hora de llevar adelante la gestión pública, la elaboración de las leyes de continuidad, la administración de justicia, respectivamente; y claro está, la aplicación de la ley en un marco democrático representativo, liberal y fundado en premisas filosóficas, políticas y legales, ajenas al autoritarismo etnocéntrico del Movimiento al Socialismo, hecho, éste último, difundido en múltiples oportunidades por gobernantes y gobernados.
La principal tarea del gobierno boliviano actual, y del Legislativo, es sentar las bases de una nueva Constitución Política del Estado. Si en cambio los actores políticos se empeñan en continuar “a ciegas” con una Carta Magna, manchada de sangre, luto, dolor, y autoritarismo, será imposible llegar a buen puerto ya no tan solo en el ámbito legal, sino también económico y social.
El autor es abogado boliviano y tiene estudios doctorales en derecho por la Universidad de Valencia.
La entrada Nueva Constitución en Bolivia se publicó primero en El Diario – Bolivia.
El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define la Constitución como la ley suprema de un Estado, que regula la organización de los poderes públicos y establece las garantías de los derechos; ostenta una posición de jerarquía sobre todas las demás normas que integran el ordenamiento jurídico y solo puede ser reformada siguiendo los procedimientos en
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El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define la Constitución como la ley suprema de un Estado, que regula la organización de los poderes públicos y establece las garantías de los derechos; ostenta una posición de jerarquía sobre todas las demás normas que integran el ordenamiento jurídico y solo puede ser reformada siguiendo los procedimientos en ella establecidos.
La Constitución boliviana de 2009 es el resultado de un enfrentamiento civil con muertos y heridos; y fue aprobada de manera ilegal, pasando por alto la Constitución anterior y su Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. No solo eso: es el resultado de un trabajo ilegal posterior al Constituyente, hecho por catedráticos extranjeros, que no conocen la realidad social, política y económica de Bolivia.
A diferencia de lo anterior, el proceso constituyente español de la década de 1970, por citar solamente un ejemplo, fue el concurso de múltiples variables políticas, filosóficas y jurídicas, que con suficiente antelación decidieron una ley suprema que representara la democracia liberal, el Estado de Derecho, el pluralismo político y la justicia. Es decir, hubo un período en el que fuerzas políticas de diferente cuño debatieron el futuro de la España posterior al franquismo.
Precisamente, la administración del presidente Rodrigo Paz, pero también los legisladores y jueces bolivianos, hallan grandes dificultades en la hora de llevar adelante la gestión pública, la elaboración de las leyes de continuidad, la administración de justicia, respectivamente; y claro está, la aplicación de la ley en un marco democrático representativo, liberal y fundado en premisas filosóficas, políticas y legales, ajenas al autoritarismo etnocéntrico del Movimiento al Socialismo, hecho, éste último, difundido en múltiples oportunidades por gobernantes y gobernados.
La principal tarea del gobierno boliviano actual, y del Legislativo, es sentar las bases de una nueva Constitución Política del Estado. Si en cambio los actores políticos se empeñan en continuar “a ciegas” con una Carta Magna, manchada de sangre, luto, dolor, y autoritarismo, será imposible llegar a buen puerto ya no tan solo en el ámbito legal, sino también económico y social.
El autor es abogado boliviano y tiene estudios doctorales en derecho por la Universidad de Valencia.
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