Elecciones judiciales en la cuerda floja

En las últimas semanas las redes sociales se han visto inundadas con la presencia de candidatos a las distintas instancias del Órgano judicial no precisamente pidiendo directamente el voto ciudadano, sino con una serie de mensajes, de las más variadas especies, pero que podrían ser considerados como subliminales, para darse a conocer y divulgar sus destrezas y habilidades pese a la prohibición expresa de la ley de hacer cualquier tipo de campaña.

De acuerdo con un estudio de un medio de comunicación nacional los más de 120 candidatos están presentes en las redes, unos más y otros menos, con cuentas propias y otras cuentas relacionadas con sus actividades; todo esto al margen de la labor de divulgación de antecedentes que desarrolla el Órgano Electoral en los variados medios de comunicación y redes sociales. Si el Órgano Electoral cumpliera a cabalidad sus funciones con seguridad la mayoría de estos candidatos, sino todos, estarían inhabilitados.

Pero esta no es la única irregularidad que se puede observar en el proceso electoral judicial, que desde su inicio, por cierto extemporáneo, ha recibido una serie de críticas que han puesto en entredicho no solo la legitimidad y la legalidad de la elección de autoridades judiciales nacionales.

Un año de retraso

La elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial debió llevarse a cabo en diciembre de 2023, en atención al mandato constitucional que establece un período de funciones de seis años para estas autoridades electas. ¿Qué pasó? ¿A quién se debe atribuir la responsabilidad (o la irresponsabilidad) de esta inicial omisión que ha puesto en vilo el funcionamiento de un Sistema Judicial ya venido a menos desde hace largo tiempo atrás?

Un proceso de esta naturaleza inicia con una convocatoria, la cual debe ser aprobada mediante una ley del Estado, es decir, aprobada y sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Sin embargo, la incapacidad de lograr consensos entre las bancadas legislativas para dar luz verde a la convocatoria determinó que simplemente esta no estuviera en el tiempo previsto, formando en los hechos un vacío institucional cuyas consecuencias son las que se viven en este período preelectoral.

Pero la responsabilidad en cuanto a los problemas que atraviesa la elección de autoridades judiciales no queda allí. Finalmente este año se dio un acuerdo entre los legisladores para aprobar la ley de convocatoria.

Exámenes dudosos y listas truchas

Fueron numerosas las denuncias de irregularidades entre los miembros de la comisión seleccionadora que favorecían a determinados candidatos por razones que aún se desconocen. Todavía quedan en la memoria las supuestas señales con los dedos de una senadora para algunos postulantes o el cambio de pregunta a otro postulante que respondió equivocadamente a la primera interrogante.

No fue todo eso, sin duda anecdótico, pues hasta ahora nadie ha explicado con argumentos y evidencias por qué se habían producido este tipo de situaciones que desvirtúan el proceso y ponen en duda la idoneidad de las comisiones calificadoras.

Tras las etapas de calificación y entrevistas a los postulantes la ALP aprueba la lista de quienes deberán disputar el voto ciudadano para las cuatro entidades que forman parte del Órgano Judicial. Esta lista, entre otras observaciones, tenía la de haber incluido a postulantes que no solo habían reprobado el examen, sino que habían sido calificados con la nota de cero, es decir, no habían respondido ninguna de las cinco preguntas de opción múltiple que les formuló la comisión.

Las listas de candidatos ya estaban desacreditas por la propia ciudadanía, porque nacieron con severas irregularidades. Pero haciendo oídos sordos de las observaciones, la ALP las remitió al Órgano Electoral sin más trámite, como buscando deshacerse lo más pronto posible de algo que le quemaba las manos. Ni siquiera los reclamos de varios legisladores fueron escuchados por la circunstancial mayoría que optó dar por concluida su labor en el proceso electoral.

Nuevamente, como cuando se omitió la convocatoria en los plazos previstos, es decir en 2023, la ALP mostraba su poca responsabilidad de cumplir las tareas idóneamente y con estricto apego a la ley. Si alguien se animara a afirmar que este proceso nació muerto, la responsabilidad es única y exclusivamente de los legisladores, sobre todo de quienes se reclaman mayoría, los mismos que bloquean gracias la aprobación de leyes que aguarda el país y que tienen por finalidad devolver la estabilidad económica.

La tibieza del órgano electoral

A quien le corresponde llevar adelante la ejecución de los procesos electorales es al Tribunal Supremo Electoral (TSE), según indica la Constitución. Esa es su esencia y su razón de ser. Esto significa no otra cosa que debe garantizar que este, y cualquier otro proceso electoral, en todos sus aspectos, técnicos, administrativos y, desde luego, legales, llegue a buen puerto.

Esta vez parece no estar sucediendo así. El ente electoral recepcionó las listas de candidatos sin mayor comentario, pese a que las objeciones eran públicas. Y si bien hizo algunas réplicas de forma, en el fondo prefirió hacerse de la vista gorda, no complicarse, avalando el deficiente trabajo de los legisladores y dejando en vilo la legitimidad del proceso.

Sus mayores preocupaciones fueron y son de carácter administrativo, promoviendo además un posicionamiento mediático de algunos de sus vocales, no precisamente de su presidente, quien debiera ser considerado como el vocero natural del Tribunal. Esta inédita presencia mediática provocó otra serie de contradicciones al interior del propio Tribunal y dio pie a una constante confusión en la ciudadanía, cuando en este aspecto, como todo árbitro, debió expresar un perfil más bien bajo y adecuado a la función que le corresponde desempeñar.

Su debilidad institucional y sus contradicciones internas se fueron acentuando y se hicieron evidentes a raíz de la intervención judicial en los asuntos electorales. Que si se aceptan o no las determinaciones judiciales, autos, resoluciones o sentencias del Tribunal Constitucional; que primero dicen que sí para luego decir que no y terminar admitiendo con la cabeza baja las mismas resoluciones que rechazaban con pocos argumentos, pero con un importante despliegue mediático.

La judicialización electoral

Han sido muchos los recursos y acciones presentadas ante la jurisdicción constitucional, particularmente por postulantes que se quedaron en el camino en el proceso de selección desarrollado en el Órgano Legislativo y que consideraron haber sido marginados o excluidos de la carrera electoral de manera irregular.

Algunos de ellos presentaron, en principio, sus reclamos a la ALP y al no ser atendidos acudieron, en cuanto les fue posible, a la jurisdicción constitucional para lograr la protección y tutela de los derechos que consideraron vulnerados.

Esta situación sui generis, en la que aparece involucrado el Tribunal Constitucional, no se había presentado en anteriores procesos electorales, por ello se constituye en un elemento novedoso que viene a agudizar la crisis de este proceso destinado a elegir las máximas autoridades de un Órgano Judicial en anemia crónica.

Hay algunos elementos para tomar en cuenta. Vamos enunciándolos para ir graficando mejor. Las autoridades judiciales están en entredicho por haberse quedado en funciones pese a haber cumplido su mandato el último día del pasado año y por tanto hay quienes consideran que sus actuaciones son nulas de pleno derecho. Hay también quienes justifican la continuidad de los magistrados constitucionales señalando que, ante la inoperancia e incompetencia de los legisladores para convocar oportunamente a elecciones para la renovación de las autoridades del Órgano Judicial no podían abandonar sus funciones y dejar un vacío de poder. Sin embargo, más allá de estas posiciones, el Tribunal tiene la obligación de responder la petición de los ciudadanos que consideran que están siendo vulnerados sus derechos.

Este es un tema cuya resolución, la legalidad o no del accionar de los magistrados, debiera resolver la ALP, puesto que cuenta con privilegio de juzgamiento, con caso de corte y solo pueden ser juzgados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones previa autorización del Legislativo.

Las decisiones constitucionales son de cumplimiento obligatorio, como todas las resoluciones judiciales, siempre y cuando emanen de autoridad con plena jurisdicción y competencia. Esta situación ha puesto contra las cuerdas al Tribunal Electoral y ha colocado en verdadero riesgo la realización de las elecciones judiciales previstas para diciembre.

Caminando por la cuerda floja

A un mes de la fecha prevista para los comicios, el Tribunal Electoral ha aceptado llevar adelante, contra todo criterio racional, las elecciones de forma parcial, es decir, en algunos departamentos sí y en otros no, tras aceptar las determinaciones del Tribunal Constitucional que en principio señalaron que no acatarían, pero ante las advertencias acerca de los riesgos de desobedecer las resoluciones judiciales para los vocales (que además no gozan de juicio de privilegio) optaron por someterse a lo dispuesto por el ente constitucional.

Desde el punto de vista formal y legal es absolutamente incoherente pensar en elecciones fragmentadas, una aberración total, puesto que estas están destinadas a la plena renovación del Órgano Judicial, cuyas actuales autoridades ya cumplieron su mandato constitucional. La ejecución de elecciones fraccionadas podría derivar en un caos mayor al ya existente en el Sistema Judicial.

No puede negarse la existencia de severos cuestionamientos de origen, en la ALP, en este proceso electoral, mismos que no pueden ser ignorados bajo el simple argumento de la preclusión solamente para justificar los gastos hechos en la preparación de estas elecciones o la urgencia o para liberar de responsabilidades a los legisladores que incumplieron con sus deberes.

A estas alturas podría ser lo más racional, en el marco de la Constitución y las leyes y su plena observancia, anular por completo el proceso electoral, para volver a convocar a nuevas elecciones judiciales en el plazo más breve posible. Realizar una nueva evaluación de antecedentes y tomar una nueva prueba de conocimientos que busque subsanar las deficiencias del actual proceso, de manera que el nuevo proceso no tenga resquicio alguno por el que pueda ser impugnado.

No hacerlo y seguir con el proceso actual podría llevar hacia el despeñadero no solo la elección judicial, sino la viabilidad del Sistema Judicial en su conjunto, tan venido a menos desde hace muchísimo tiempo, y por supuesto poner en riesgo el sistema democrático.

Es hora de definiciones, de asumir la responsabilidad por las acciones desarrolladas hasta ahora y proponer ajustes severos en el funcionamiento de las instituciones democráticas, a fin de velar por el sistema democrático y el Estado de Derecho.