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La entrada Violencia sexual, embarazo y matrimonio infantil forzado en América Latina apareció primero en La Época – Con sentido del momento histórico.
Por Soledad Buendía Herdoíza * -.
La violencia sexual contra adolescentes, el embarazo adolescente y el matrimonio infantil forzado son problemas persistentes en América Latina que tienen profundas repercusiones en los Derechos Humanos, la salud y el desarrollo de las niñas y adolescentes. Estos fenómenos reflejan las desigualdades estructurales, la violencia de género y la discriminación en la Región, afectando desproporcionadamente a las niñas más vulnerables, incluidas aquellas en situaciones de pobreza, indígenas o afrodescendientes.
América Latina es una de las regiones con las tasas más altas de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Un informe de Unicef indica que al menos una de cada cuatro niñas en la Región experimenta algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años. Esta violencia se manifiesta en diversas formas, desde el acoso sexual hasta la violación, y muchas veces es perpetrada por personas cercanas como familiares o conocidos. El acceso limitado a la justicia agrava el problema, ya que en ocasiones las denuncias no se procesan adecuadamente y las víctimas enfrentan revictimización. En países como Guatemala y Perú la impunidad sigue siendo alta y las niñas víctimas de violencia sexual a menudo no reciben la atención médica y psicológica adecuada.
El embarazo adolescente sigue siendo un problema crítico en América Latina, donde la tasa de fecundidad entre adolescentes (15 a 19 años) es de 59,8 por cada mil nacimientos, superando la media mundial de 41,2. Las cifras son alarmantes en países como Nicaragua y República Dominicana, que tienen algunas de las tasas más altas de embarazo adolescente en la Región.
Este fenómeno está directamente relacionado con la violencia sexual, ya que en muchos casos las adolescentes quedan embarazadas como consecuencia de abusos. Además, las adolescentes embarazadas enfrentan tasas de deserción escolar, pobreza y exclusión social, lo que perpetúa un ciclo de vulnerabilidad y marginalización.
El matrimonio infantil, definido como la unión formal o informal antes de los 18 años, es otra manifestación de la violencia contra niñas y adolescentes en América Latina. A pesar de las leyes que prohíben esta práctica en muchos países, se estima que cerca del 25% de las niñas en la Región se casan o se unen antes de los 18 años. Este fenómeno es más común en zonas rurales y en población indígena o afrodescendiente, donde las normas culturales y las condiciones económicas influyen en la práctica. El matrimonio infantil forzado priva a las niñas de su infancia y vulnera sus derechos a la educación, la salud y la autonomía. Además, las niñas casadas tienen mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y sexual dentro del matrimonio, y es más probable que queden embarazadas a una edad temprana, lo que aumenta los riesgos para su salud física y mental.
La persistencia de la violencia sexual, el embarazo adolescente y el matrimonio infantil en América Latina está profundamente arraigada en las desigualdades de género y las normas culturales que perpetúan la subordinación de las mujeres y niñas. En muchas sociedades de la Región las niñas son vistas como inferiores o como propiedad de los hombres, lo que justifica la violencia contra ellas. Además, la pobreza exacerba estas dinámicas, ya que las familias en situación de precariedad a menudo ven el matrimonio infantil como una estrategia económica para reducir la carga familiar.
Diversos países de América Latina han tomado medidas legislativas para prohibir el matrimonio infantil y mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Por ejemplo, en 2021, México reformó su Código Civil para prohibir el matrimonio antes de los 18 años sin excepciones, mientras que otros países han desarrollado programas de atención integral para adolescentes víctimas de violencia sexual.
Es imperativo continuar con políticas públicas inclusivas y sostenibles que no solo aborden las consecuencias, sino también las causas estructurales de aquellos problemas, promoviendo la equidad de género y protegiendo los derechos de las niñas y adolescentes en la Región.
* Exasambleísta ecuatoriana.
Opinión | La Época – Con sentido del momento histórico