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Por Soledad Buendía Herdoíza -.
La violencia estructural de género constituye una de las expresiones más persistentes y normalizadas de desigualdad en América Latina. No se limita a actos individuales de agresión, sino que se inserta en un entramado histórico, institucional, económico y cultural que reproduce relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, así como contra personas con identidades sexo-genéricas diversas. En el marco de los Estados constitucionales de derechos —formalmente consolidados en la región a partir de las transiciones democráticas de finales del siglo XX— emerge una tensión central: la coexistencia de amplios catálogos normativos de derechos humanos con prácticas estructurales que perpetúan exclusión, discriminación y violencia.
El concepto de violencia estructural, desarrollado inicialmente por Johan Galtung, alude a formas de violencia indirecta que se manifiestan cuando las estructuras sociales impiden que ciertos grupos satisfagan plenamente sus necesidades o ejerzan sus derechos en condiciones de igualdad. Aplicada al género, esta categoría permite comprender cómo las desigualdades económicas, políticas y culturales generan condiciones sistemáticas de subordinación para las mujeres.
En América Latina, esta violencia se expresa en múltiples dimensiones: la feminización de la pobreza, la sobrecarga del trabajo de cuidados no remunerado, la brecha salarial, la limitada participación en espacios de poder, la precarización laboral y la impunidad frente a la violencia feminicida. No se trata de fenómenos aislados, sino de manifestaciones de un orden social patriarcal históricamente arraigado, que estructura instituciones y prácticas estatales.
La violencia estructural también se articula con otros ejes de opresión —clase, etnia, orientación sexual, territorio— profundizando la desigualdad en contextos marcados por el colonialismo interno y la exclusión histórica de pueblos indígenas y afrodescendientes. Así, la experiencia de la violencia no es homogénea, sino interseccional.
Desde la década de 1990, numerosos países latinoamericanos adoptaron constituciones garantistas que incorporan amplios catálogos de derechos fundamentales y reconocen la jerarquía constitucional de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. Estos instrumentos establecen obligaciones claras para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Asimismo, se han creado leyes integrales contra la violencia de género, tipificaciones del feminicidio, mecanismos de protección, fiscalías especializadas e instituciones rectoras en materia de igualdad. Desde el punto de vista formal, la región presenta avances significativos.
Sin embargo, la brecha entre norma y realidad evidencia los límites materiales del Estado de derechos. La insuficiente asignación presupuestaria, la debilidad institucional, la corrupción, la impunidad judicial y la persistencia de estereotipos de género en operadores de justicia obstaculizan la efectividad de las garantías. La violencia estructural se perpetúa cuando el Estado incumple su deber de debida diligencia o reproduce prácticas discriminatorias en sus propias estructuras.
En este sentido, el Estado puede convertirse simultáneamente en garante y reproductor de la violencia estructural, especialmente cuando las políticas públicas no transforman las condiciones socioeconómicas que sostienen la desigualdad.
América Latina ha experimentado importantes procesos de democratización y expansión de derechos políticos de las mujeres, incluyendo cuotas y paridad electoral. No obstante, la representación política no siempre se traduce en transformación estructural. Las resistencias culturales, la violencia política de género y los discursos conservadores han configurado un escenario de disputa permanente.
La violencia estructural también opera en el campo simbólico: los medios de comunicación, las narrativas sociales y ciertas prácticas institucionales refuerzan roles tradicionales que limitan la autonomía femenina. De este modo, la desigualdad se naturaliza y se legitima.
Además, el modelo económico predominante en la región —marcado por la informalidad laboral, la dependencia extractivista y la precarización— profundiza las brechas de género. Las mujeres, particularmente en sectores populares, asumen el costo invisible de la sostenibilidad social mediante el trabajo de cuidados, sin reconocimiento económico ni protección social suficiente. Esto revela que el Estado de derechos no puede consolidarse sin una transformación del modelo de desarrollo.
Superar la violencia estructural de género exige ir más allá de reformas normativas. Implica adoptar una perspectiva de género transversal en todas las políticas públicas, con presupuestos sensibles al género, sistemas de justicia especializados y formación obligatoria para operadores estatales.
Asimismo, requiere fortalecer los sistemas de protección social, reconocer y redistribuir el trabajo de cuidados, garantizar autonomía económica para las mujeres y promover una educación no sexista desde la infancia. La justicia con enfoque interseccional es clave para atender las realidades diferenciadas de mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y rurales.
El Estado de derechos solo puede consolidarse cuando los derechos no sean meramente declarativos, sino efectivos y exigibles. Ello demanda voluntad política, participación activa de la sociedad civil y movimientos feministas, y mecanismos robustos de rendición de cuentas.
La violencia estructural de género constituye uno de los mayores desafíos para los Estados constitucionales de derechos en América Latina. La coexistencia de marcos normativos avanzados con persistentes desigualdades revela una brecha entre legalidad y realidad. Mientras las estructuras económicas, culturales e institucionales continúen reproduciendo subordinación y exclusión, el Estado de derechos será incompleto.
La erradicación de la violencia estructural no es únicamente una cuestión jurídica, sino un proyecto político y ético que implica transformar las bases mismas del poder y la organización social. En este proceso, el feminismo latinoamericano ha desempeñado un papel fundamental al visibilizar las violencias invisibles y exigir coherencia entre democracia, igualdad y justicia. Solo mediante una transformación estructural será posible construir sociedades verdaderamente igualitarias y democráticas en la región.
Opinión – La Época – Con sentido del momento histórico
