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El Senado de Bolivia aprobó este domingo un proyecto de ley para eliminar la Ley de Estado de Excepción, una normativa vigente desde 2020 que establecía condiciones, plazos y mecanismos de control para la aplicación de medidas extraordinarias por parte del gobierno ante situaciones de crisis.
La iniciativa ahora debe ser debatida y aprobada por la Cámara de Diputados, en un escenario marcado por jornadas extensas de protestas que exigen la dimisión del presidente.
De recibir luz verde, el Ejecutivo, liderado por Rodrigo Paz, quedaría con menos restricciones legales para implementar medidas excepcionales. La decisión ocurre en medio de estas protestas y bloqueos que llevan semanas afectando el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos en diversas regiones del país.
La derogación fue impulsada mientras sectores empresariales, dirigentes regionales y grupos cívicos presionan al gobierno para endurecer su respuesta. El Comité pro Santa Cruz, uno de los espacios cívicos más influyentes, pidió públicamente declarar un “estado de excepción sectorizado” para restablecer la circulación.
Desde el oficialismo sostienen que la situación actual amenaza el funcionamiento económico y la estabilidad institucional, acusando al exmandatario Evo Morales de alentar las movilizaciones para alterar el orden democrático. Morales, refugiado en el Chapare, rechaza las acusaciones y atribuye las protestas al malestar social acumulado.
La analista política Susan Bejarano declaró que, en caso de alinearse la Cámara de Diputados a esta decisión, el presidente tendría la potestad de declarar por su cuenta un estado de excepción al carecer de mecanismos desde lo legal que regulen la acción. “Mi lectura es que la abrogación es una advertencia de que el gobierno hará lo que prometió que no haría, que es aplicar la fuerza del Estado para contener los bloqueos y las manifestaciones”, señaló la analista.
Por su parte, organizaciones sociales y sindicatos advirtieron que una medida de este tipo podría agravar el conflicto y derivar en nuevos episodios de violencia, acusando al gobierno de intentar criminalizar la protesta. Las instituciones advirtieron sobre el riesgo de profundizar la confrontación en un país que atraviesa una de sus peores crisis económicas de las últimas décadas, afirmando que “la prioridad en este momento debe ser la protección de la vida, la integridad y la paz social de la población boliviana”.
Ante la escalada de tensión, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto emitieron un pronunciamiento conjunto exigiendo el cese inmediato de la violencia y la apertura de un canal de diálogo. “Lamentamos que el diálogo no se haya concretado hasta ahora”, señalaron, además de solicitar una investigación “urgente, independiente y transparente” sobre los hechos registrados, incluyendo denuncias de heridos, un fallecido y posibles abusos durante los operativos de seguridad.
La Federación Departamental de Comunidades Interculturales Originarias de La Paz convocó para este lunes una movilización en defensa de sus derechos en un comunicado donde instaron a distintos movimientos afines a una movilización pacífica. «Se determina la participación orgánica, masiva y disciplinada en la marcha pacífica hacia la ciudad de La Paz, como medida legítima de protesta social y defensa de los derechos del pueblo boliviano», señala el comunicado.
Las protestas iniciaron a comienzos de mayo por la escasez de combustible y la inflación, pero han derivado en pedidos directos de renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace apenas seis meses. Las protestas han escalado con bloqueos en las calles y emboscadas a los vehículos que intentan burlar el cierre, manteniendo aisladas de insumos importantes a ciudades del país.
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