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Brasilia. El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil presentó a la Corte Suprema una solicitud para que adopte medidas ante la posibilidad de que huya del país el expresidente Jair Bolsonaro, acusado hoy de golpista.
Tal pedido afloró tras confirmarse que la diputada Carla Zambelli, confesa adepta de Bolsonaro, abandonó territorio nacional tras ser condenada a 10 años y ocho meses de prisión.
Declarada culpable de encargar una invasión al sistema informático del Poder Judicial dentro del marco del proceso electoral de 2022, Zambelli anunció que dejó Brasil y pretendía radicarse en alguna nación de Europa para denunciar la persecución que sufre del Supremo Tribunal Federal (STF).
Además, la demanda del PT contra Bolsonaro tiene en cuenta la licencia del hijo del exmandatario, el parlamentario Eduardo Bolsonaro, quien se instaló en Estados Unidos y desde allí ataca a instituciones democráticas brasileñas.
«Está claro que el próximo en huir será Bolsonaro. Por eso, acabo de presentar una solicitud ante el Tribunal Supremo para que tome medidas sobre una carta enviada por mí y la bancada del PT, que enumera medidas restrictivas para impedir que escape de Brasil», escribió en la red social X el legislador petista Rogério Correa.
Argumentó que, si ya era grave en marzo, la situación ahora adquiere nuevas dimensiones.
Con las fugas de su hijo y Zambelli «creemos que sobran razones para que Bolsonaro use tobillera electrónica, tenga prohibido salir de Brasilia sin autorización judicial, así como de acercarse a las embajadas».
También Correa solicitó que la corte evalúe la posibilidad de prisión preventiva dada la constante interferencia en el proceso judicial que se desarrolla en el tribunal superior contra el político ultraderechista y su entorno cercano por tentativa golpista.
La víspera, la Fiscalía General pidió ante el STF una orden de prisión preventiva contra Zambelli. Según medios locales, el Ministerio Público Federal reclamó, asimismo, el bloqueo de sus bienes y la inclusión del nombre en lista roja de la Policía Internacional (Interpol).
En la misma arista, Lindebergh Farias, líder de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, había requerido ante la Fiscalía General la cárcel provisoria de Zambelli por representar un riesgo concreto para la aplicación del derecho penal, el orden público y la integridad de las instituciones democráticas nacionales.
De acuerdo con Farias, poco después de la condena, la acusada huyó del país sin notificar al Supremo y comenzó a permanecer fuera del ámbito de la jurisdicción penal.
Informes revelaron que recaudó cerca de 50 mil dólares mediante donaciones a través de Pix (sistema instantáneo de pago), que se utilizaron para financiar su estancia en el extranjero, lo cual constituye un intento deliberado de frustrar la ejecución de la sentencia.
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