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En un mensaje dirigido a la comunidad internacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró el compromiso de su gobierno con la protección de los migrantes, independientemente de su estatus legal, en el contexto de las protestas migratorias y la represión desatada por las autoridades durante el fin de semana en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.
La mandataria compartió el posicionamiento de su nación tras tres días de protestas masivas en la ciudad estadounidense, donde la Guardia Nacional y fuerzas federales desplegaron gases lacrimógenos, munición letal y arrestos masivos bajo órdenes del presidente Donald Trump.
La declaración destaca la contribución histórica de los migrantes mexicanos a la economía de EE.UU. y recuerda que la mayoría lleva décadas integrada en ese país: «Aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita».
Sin embargo, el posicionamiento también marca distancia de las acciones violentas registradas durante las manifestaciones, como la quema de patrullas, que calificó de «provocaciones».
En ese contexto, el Gobierno mexicano hace un llamado «respetuoso pero firme» a las autoridades estadounidenses para garantizar el debido proceso en las detenciones migratorias y evitar la criminalización de quienes huyen de la pobreza o la violencia. «Condenamos la violencia, venga de donde venga», subraya la declaratoria leida por la jefa de Estado, al tiempo que insta a los connacionales a actuar con pacifismo.
El documento sostiene que el Gobierno mexicano activó protocolos de asistencia legal a través de su red consular, en especial en Los Ángeles, donde el cónsul monitorea de cerca los arrestos. Sheinbaum adelantó que la Cancillería informará pronto el número exacto de detenidos y su ubicación. Además, los consulados intensificaron campañas para educar a la comunidad sobre sus derechos ante redadas.
A la vez, la postura refleja la estrategia diplomática de México de abordar la migración como un fenómeno regional que requiere «corresponsabilidad», no militarización. Sheinbaum reiteró la disposición de colaborar con EE.UU., pero exigió soluciones que prioricen «el respeto a los derechos humanos y la legalidad».
Las palabras de Sheinbaum contrastan con la retórica de Trump, quien tildó las protestas de «disturbios sin ley» y justificó el envío de 2.000 soldados de la Guardia Nacional —e incluso 500 marines— para «liberar Los Ángeles de la invasión migratoria». Según testigos, las fuerzas de seguridad emplearon tácticas excesivas, incluyendo disparos reales contra manifestantes que bloqueaban la autopista 101.
Medios locales reportaron al menos 27 arrestos y múltiples heridos, entre ellos periodistas. La escalada ha dividido a EE.UU.: mientras gobernadores demócratas como Gavin Newsom pidieron calma para «no dar pretextos a Trump», la vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis, advirtió acciones legales contra el gobierno federal por el uso desproporcionado de la fuerza.
El incidente evidencia la polarización y la vulnerabilidad de los migrantes como herramienta política. Para México, el desafío es proteger a su diáspora sin escalar tensiones bilaterales. Mientras Trump promete «expulsiones masivas», Sheinbaum insiste en que la migración no es un delito, sino un derecho humano.
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