Polémica jurídica en Ecuador tras sanción a vicepresidenta Abad

Quito-. La sanción contra la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, suspendida por 150 días sin remuneración tras un proceso administrativo, provoca hoy polémica en el ámbito legal.

La ministra de Trabajo , Ivonne Núñez, afirmó que Abad no está inhabilitada, sino suspendida temporalmente y “goza de todos sus derechos políticos”.

A pesar de esas declaraciones, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, se refirió a Abad como “exvicepresidenta” y señaló en rueda de prensa que le sería retirada la seguridad.

No obstante, la institución castrense emitió un comunicado poco después en el que se retractaron y confirmaron que seguirán brindando resguardo a la vicegobernante.

Entretanto, el mandatario Daniel Noboa oficializó, mediante el Decreto Ejecutivo 457, el nombramiento de Sariha Moya, actual secretaria nacional de Planificación, como vicepresidenta encargada y detalló que ocupará el cargo durante el periodo máximo de ausencia temporal de Abad.

A su vez, Noboa derogó el decreto que nombró a Abad como “embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República del Ecuador ante el Estado de Israel”.

“El conflicto en torno a la vicepresidenta deja en evidencia tensiones al interior del Ejecutivo, alimentando la especulación pública sobre el manejo de su suspensión y el futuro de su rol político”, comentó la emisora local Radio Pichincha.

La defensa de Abad pidió a la Asamblea Nacional (Parlamento) que fiscalice a la Presidencia de la República por el polémico proceso administrativo en su contra.

La titular del legislativo, Viviana Veloz, programó para el próximo miércoles la discusión del tema en el pleno parlamentario.

Según el Ministerio de Trabajo, la «falta grave» que ameritó la sanción a la funcionaria fue el «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales consecutivos» al incumplir la disposición de la cancillería sobre su traslado de Israel a Turquía en un plazo establecido.

Políticos de izquierda y de derecha, así como juristas y analistas calificaron de ilegal e inconstitucional la medida impuesta contra Abad, pues consideran que solamente la Asamblea puede adoptar una decisión respecto a un cargo de elección popular.

Anoche, la vicejefa del Ejecutivo denunció que el mandatario estaría preparando un golpe de Estado para asegurar su reelección en 2025.

“Pretenden inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la presidencia de la República cuando el presidente – candidato entre en su campaña electoral”, aseveró la vicejefa de Estado.