Brasilia-. El líder de la oposición en la Cámara de Diputados de Brasil, Luciano Lorenzini Zucco, pidió a la Corte Suprema un análisis humanitario urgente / Leer más →
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Brasilia-. El líder de la oposición en la Cámara de Diputados de Brasil, Luciano Lorenzini Zucco, pidió a la Corte Suprema un análisis humanitario urgente para quienes hoy están presos por los actos golpistas de 2023.
El teniente coronel Zucco protocoló el oficio al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), para que tuviera en cuenta esa observación respecto a los recluidos, confesos adeptos del exmandatario Jair Bolsonaro.
Según la televisora CNN Brasil, también se solicita la extensión de medidas alternativas a la prisión para todos los que están en situación similar a quienes fueron beneficiados recientemente por decisiones de De Moraes.
Como el caso de la peluquera Débora Rodrigues dos Santos, quien escribió el 8 de enero de 2023 con lápiz labial en la estatua que está frente al STF y cumple arresto domiciliario.
La medida afloró después que el ministro Cristiano Zanin, del Supremo, rechazara una solicitud de hábeas corpus colectivo, también hecha por Zucco.
En su fallo, Zanin sostuvo que «no cabe el habeas corpus original para el pleno del tribunal de decisión de la sala».
Tras la negativa de Zanin, «buscamos sensibilizar al ministro Alexandre de Moraes, relator de los casos, para que aplique el principio de la isonomía (igualdad legal) y conceda, por cuestión humanitaria, medidas alternativas a los presos del 8 de enero», alegó el timonel de la oposición en la Cámara baja.
Demandó «una mirada individualizada y humana» para personas que «merecen cumplir sus penas o esperar el juicio de manera digna, según la ley y los principios humanitarios».
Bajo este escenario, la oposición ejerce además mucha presión para que el Congreso Nacional apruebe un proyecto de amnistía a los involucrados en los episodios golpistas del 8 de enero de 2023.
Si se certifica, el STF deberá dar la última palabra sobre la legalidad de la medida.
De acuerdo con Paulo Cappelli, del portal electrónico Metrópoles, ministros del Supremo, escuchados bajo condición de anonimato, consideran el proyecto inconstitucional, ante la gravedad de los crímenes cometidos durante los ataques a las sedes capitalinas de los Tres Poderes.
En los bastidores, la evaluación predominante entre los magistrados es que las acciones practicadas no pueden ser indultadas, a la luz de la legislación brasileña y de la propia Constitución.
Los jueces argumentan que las conductas de los participantes en los eventos antidemocráticos se encuadran en el concepto de terrorismo y atentado al orden constitucional, lo que impediría cualquier intento de perdón institucional.
Si el Legislativo avanza con la propuesta, partidos de izquierda ya articulan una acción directa de inconstitucionalidad para impugnarla en la corte superior.
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