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Por La Época -.
A pesar de que restan apenas menos de dos meses para las elecciones generales del 17 de agosto es muy difícil asegurar que nada ocurra e impida que los bolivianos y las bolivianas elijan al Presidente y Vicepresidente del Estado Plurinacional, así como a los senadores y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Los peligros de que el orden democrático sea interrumpido todavía permanecen. La última cumbre convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido importante para conocer el grado de compromiso de los distintos órganos del Estado y de los partidos y coaliciones habilitados con la fecha establecida para la renovación de los órganos Ejecutivo y Legislativo, pero al parecer no lo suficientemente como anular factores que pondrían en veremos su realización.
En la semana que concluye un abogado activó un dispositivo constitucional para sacar de la competencia a cinco candidatos a la Presidencia con el argumento de que no habían renunciado a sus cargos públicos 90 días antes de la realización de los comicios. Con esto quedaban fuera los alcaldes de Cochabamba y Santa Cruz, respectivamente Manfred Reyes Villa y Jhonny Fernández; la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa; y el senador Rodrigo Paz. En realidad, si se declaraba procedente la acción de cumplimiento otros candidatos a senadores y diputados también habrían sido afectados.
En todo caso, una rápida reacción del TSE y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) provocó que el accionante desista a partir de que la Constitución Política del Estado (CPE) no establece que los funcionarios electos tengan que renunciar a sus cargos tres meses ante de las elecciones. Esa norma es válida para servidores públicos no electos.
Sin embargo, la insistencia de Evo Morales y de sus partidarios de participar en las elecciones de agosto, sin tener sigla y candidato habilitados, seguirá colocando en vilo el proceso electoral, ya sea antes del 17 de agosto o durante el día de la votación, tal como han advertido dirigentes de esa organización política. Sin dramatismo, pero tampoco sin subestimar la capacidad de acción de esa facción del campo popular, cada vez más en posiciones conservadoras, es altamente posible o que en las siguientes dos semanas se registre un nuevo bloqueo de caminos en aquella zona donde grupos de cocaleros pueden garantizar la medida de presión y que es suficiente para cortar la conexión del Oriente y el Occidente, o que días más próximos se impida el traslado de ánforas a los recintos de votación de esas mismas zonas.
Tampoco está descartado que estos factores políticos se combinen con un descontento social ante el insuficiente abastecimiento de carburantes y un mayor incremento de precios, como recientemente ha advertido el presidente Luis Arce, y que den lugar a una convulsión social.
Estamos en una coyuntura delicada y con una campaña electoral bastante atípica. Nada puede asegurarse. En todo caso, los escenarios para los intereses populares se pintan adversos, más aún con la falta de claridad en la propuesta de los candidatos del campo nacional-popular.
Solo hay una certeza: el presidente Luis Arce seguirá enfrentando una implacable guerra híbrida.
Opinión | La Época – Con sentido del momento histórico
