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El gobierno de Argentina publicó el 26 de diciembre un decreto que fija el salario mínimo vital y móvil (SMVM) en $296.832 para marzo de 2025, con un incremento del 9,3% escalonado en cuatro cuotas entre diciembre y marzo.
La medida unilateral tomada por el Ejecutivo tuvo lugar tras el fracaso de las negociaciones en el Consejo del Salario que reúne a representantes gremiales y a empresarios con la mediación del Estado. Las cámaras empresariales propusieron un aumento del 8,8%, mientras que los sindicatos exigieron llevar el SMVM por encima del millón de pesos (aproximadamente 800 dólares).
Sin un acuerdo tripartito, el gobierno tomó de manera inconsulta la resolución de fijar un aumento que representa el nivel más bajo en dos décadas.
Según estimaciones oficiales del propio Banco Central de la República Argentina (BCRA), este monto apenas cubrirá en marzo el 60,9% de la canasta básica alimentaria, el indicador que define el umbral de la indigencia.
Deterioro del poder adquisitivo
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reflejan que el salario mínimo ha perdido el 58% de su poder adquisitivo desde 2017.
Mientras en ese año el SMVM alcanzaba para adquirir 411 litros de leche, en noviembre de 2024 solo permitía comprar 190. Según un estudio de la CTA Autónoma, en términos reales, el SMVM ha sufrido su mayor caída desde las hiperinflaciones de fines de los años 80, con una pérdida promedio del 29,3% en 2024.
Luis Campos, investigador de la CTA, destacó en su análisis que esta situación no solo afecta a los trabajadores que perciben el salario mínimo, sino que también debilita el piso salarial de todo el mercado laboral. «Destruir el SMVM implica quitarles el piso a los trabajadores de menores ingresos», señaló en sus redes sociales.
Críticas de sindicatos y postura oficial
La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA emitieron comunicados condenando la medida. Para la CGT, el gobierno ha mostrado «una falta de respeto institucional» al evitar consensos en el Consejo del Salario y favorecer los intereses empresariales.
Por su parte, las CTA calificaron el ajuste como «un complot de sectores empresariales y el gobierno para derrumbar los salarios y acrecentar las ganancias corporativas».
Desde el gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió la política y fue más allá, calificando al salario mínimo como «un error conceptual». Adorni argumentó que eliminar el SMVM permitiría un mercado laboral más flexible, alineado con la teoría económica neoclásica.
Actualmente, Argentina enfrenta un complejo panorama económico y social marcado por una inflación anual superior al 140%, el incremento de la pobreza y una pérdida generalizada del poder adquisitivo de los trabajadores. Estas tensiones se agravan por las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno, que incluyen recortes en programas sociales y medidas que generan incertidumbre en sectores vulnerables, como los jubilados y trabajadores informales.
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