El apretón de manos entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y los mandatarios del bloque andino esta semana fue presentado / Leer más →
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El apretón de manos entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y los mandatarios del bloque andino esta semana fue presentado como el renacimiento de una era dorada en las relaciones hemisféricas. Las sonrisas compartidas en Barranquilla con Abelardo De la Espriella, en Quito con Daniel Noboa y en Lima con Keiko Fujimori pretendían proyectar una imagen de una coincidencia absoluta en torno a valores de seguridad y democracia. Sin embargo, detrás de cámaras existe una desconexión entre la agenda militar-extractiva que impone Washington (y que los gobiernos andinos aceptan sumisamente) frente al sálvese quien pueda económico que sufren los productores locales. Esto se debe a los aranceles del 12,5% impuestos por el Presidente Trump, quien ha violado los acuerdos comerciales bilaterales vigentes con los tres países andinos. Ninguno de ellos se atrevió a poner sobre la mesa abiertamente el impacto económico y social que hoy afecta al campo andino.
Los objetivos centrales de la gira del jefe de la diplomacia estadounidense fueron, además de celebrar donaciones y/o contratos de compra de armas, helicópteros y otros juguetes bélicos, suscribir acuerdos de explotación de minerales críticos y cercar su patio trasero para alejarlo de China. Apenas llegado al territorio andino, Rubio publicó de manera simultánea en los principales diarios de la derecha en la región una columna de opinión titulada «Un Hemisferio que cumple». En dicho texto, exhortó de manera imperativa a los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú a restringir de inmediato las inversiones de infraestructura y telecomunicaciones procedentes de China, calificándolas como «prácticas predatorias» diseñadas para «hipotecar la soberanía del hemisferio occidental». La advertencia, lejos de ser una sugerencia amistosa, operó como un ultimátum: para Washington, la seguridad hemisférica exige que Sudamérica elija un bando en la nueva Guerra Fría global.
La lucha contra el narcotráfico como instrumento de dominación
La arquitectura del combate al narcotráfico opera como el principal dispositivo de control geopolítico de los Estados Unidos en la región.
El recién anunciado “Plan Patriota Siglo XXI” –en el que De la Espriella enuncia un listado de solicitudes para que Estados Unidos financie tecnología, radares y ciberdefensa, anuncia el reinicio de las fumigaciones y Rubio deja abierta la posibilidad de la instalación de una base militar conjunta en Colombia que podría operar bajo un esquema de cooperación mutua y compartida– o la entrega de buques guardacostas a Ecuador no son actos de filantropía, sino parte de un negocio circular diseñado por y para el complejo militar-industrial estadounidense, el cual tiene una lógica perversa.
Es decir, el engranaje industrial estadounidense obtiene réditos económicos en el momento exacto en que sus establecimientos comerciales autorizados para la venta de armas al público abastecen a los carteles, especialmente de estados como Texas, Arizona, Nuevo México, California y Florida, de donde proceden el 70% de dichas armas. Posteriormente, las instituciones financieras con laxitud en sus políticas de debida diligencia (due diligence), las sociedades de responsabilidad limitada de opacidad jurídica radicadas en paraísos fiscales internos como Delaware, Wyoming o Nevada, y el sector inmobiliario de lujo en el sur de la Florida, ganan cuando absorben y lavan los miles de millones de dólares generados por el consumo de estupefacientes en Estados Unidos.
Según el Índice de Secreto Financiero (Financial Secrecy Index o FSI) de redes globales como Tax Justice Network, Estados Unidos se ha consolidado como uno de los mayores agujeros negros financieros del planeta, superando históricamente en opacidad a jurisdicciones tradicionales como Suiza o las Islas Caimán. Mientras Washington impone estándares draconianos de fiscalización a las economías andinas, sus propios estados protegen el anonimato de capitales bajo el pretexto de atraer inversiones. Así, el denominado “negocio circular” de la delincuencia organizada no es una falla del sistema, sino un sofisticado diseño normativo amparado en el propio territorio norteamericano.
Y el círculo se completa nuevamente cuando los gobiernos de De la Espriella, Noboa o Fujimori destinan el dinero de los impuestos de los ciudadanos a comprarles helicópteros Black Hawk, drones de vigilancia y radares para combatir el problema. Estados Unidos provee el mercado de consumo, las armas ilegales y los santuarios de lavado de activos. Luego, también provee el equipamiento oficial para perseguir la violencia que ellos mismos financiaron. Así, la guerra contra las drogas mantiene a los Estados andinos en una situación de perpetua dependencia tecnológica y militar de Washington.
El incumplimiento de los tratados de libre comercio (TLC)
Mientras que las casas de gobierno andinas se inundaban de discursos amables frente a Marco Rubio sobre la cooperación en seguridad, poco o nada se decía sobre el duro golpe que las aduanas estadounidenses aplican a la economía real de la región. Lo hacen desde la entrada en vigencia del arancel generalizado del 12.5% bajo la Sección 301 impuesto el pasado 23 de julio, tal como ya señalamos en El Cohete. La medida se impuso violando los acuerdos de los tratados económicos que incluían la regulación del ámbito comercial bilateral: el TLC de Perú firmado en 2006, el TLC de Colombia de ese mismo año y el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) firmado por Ecuador en marzo de 2026, que solo aborda el ámbito comercial.
En el Perú, la Asociación de Exportadores (ADEX) ha denunciado que este arancel afecta a casi el 50% de las exportaciones hacia dicho mercado, destruyendo los márgenes de ganancia de sectores intensivos en mano de obra como el de los arándanos, las uvas y las confecciones textiles. Los compradores estadounidenses exigen a los productores locales absorber el costo del arancel para no encarecer los precios al consumidor estadounidense.
La indolencia política alcanzó niveles inverosímiles durante la gira de Rubio. En Colombia, el Presidente De la Espriella intentó utilizar la tragedia humanitaria del devastador terremoto de agosto de 2026 para rogar una «exención temporal» de los aranceles por motivos humanitarios. Washington condicionó cualquier alivio arancelario al inicio de trámites legislativos mucho más complejos y restrictivos, lo que en la práctica dejó desprotegidos a los floricultores y agroexportadores. A pesar de esta negativa, el gobierno colombiano continuó con la pompa de las reuniones bilaterales sin levantar una protesta formal por los agricultores del maíz, el arroz y las flores que pierden competitividad. En Ecuador, el panorama es idéntico: el país eliminó aranceles para la maquinaria y los productos industriales estadounidenses bajo el ART, pero sus exportadores de camarón y brócoli ahora pagan tasas de 12,5% en los puertos estadounidenses. Ninguno de los Presidentes andinos ha tenido la dignidad política de exigir reciprocidad legal o de denunciar que las reglas del libre comercio solo se aplican cuando benefician al norte.
Entre Escila y Caribdis
La presión ejercida por la diplomacia de Rubio coloca a la región andina en una encrucijada: el control militar y la asfixia regulatoria de Estados Unidos o la dependencia financiera de las inversiones de China. Rubio ha dejado claro que Washington no tolerará ambigüedades. Sin embargo, esta estrategia se enfrenta con el pragmatismo de los sectores empresariales locales, quienes observan con profunda desconfianza la capacidad real de Estados Unidos para cumplir sus promesas económicas.
La historia reciente justifica el escepticismo del empresariado. Las iniciativas previas de Washington para contrarrestar la iniciativa china de la Ruta de la Seda, como «América Crece» (2019) ,en tiempos de Trump, o la «Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas» (2022), en tiempos de Biden, fracasaron rotundamente por falta de presupuesto real. Con una deuda pública federal colosal que ya supera los 40 billones de dólares y un déficit fiscal crónico del 6%, Estados Unidos carece de la «billetera» pública necesaria para financiar los puertos, las carreteras y las redes eléctricas que la región andina requiere. China, en cambio, opera como un «Estado comerciante» que no interfiere en la política interna ni audita las instituciones locales. Simplemente llega con capitales estatales inmediatos, como la construcción del megapuerto de Chancay en el Perú por parte de la estatal china Cosco Shipping o la construcción del subte en Bogotá.
El gremio minero peruano (SNMPE) y los exportadores agrícolas entienden que, ideológicamente, el gobierno se alinee con Washington —en el último quinquenio ello ha sido posible gracias a la injerencia digital de operadores políticos afines a la derecha global, en elecciones presidenciales—, pero los sectores productivos se resisten a romper lazos con su principal comprador de materias primas, China. Según la encuesta AmericasBarometer, publicada esta semana y realizada conjuntamente por el Instituto Kellogg y el Centro para la Democracia Global de la Universidad de Vanderbilt, los ciudadanos de los tres países, al igual que en el resto de América Latina, confían más en el gobierno chino que en la administración estadounidense. La encuesta Americas Barometer también sugiere que el giro electoral hacia la derecha en países como Perú y Colombia refleja el descontento contra los gobernantes en el poder, más que una realineación ideológica más profunda en torno a los valores de derecha. Si bien los líderes con los que se reunió Rubio están claramente alineados con Trump, su mandato público para seguir el camino de Washington es menos sólido.
El FORGE (Forum on Resource Geostrategic Engagement), un acuerdo bilateral de cadenas de suministro de minerales críticos con Estados Unidos con un sistema de «precios mínimos» propuesto por Estados Unidos, y suscrito por el Perú, es visto por los empresarios como un paliativo regulatorio, pero no como un sustituto de la liquidez inmediata que ofrece el mercado asiático. La ironía de la estrategia norteamericana es que, al imponer aranceles del 12,5% y trabas burocráticas a los productores locales, la Casa Blanca está empujando activamente al empresariado andino a utilizar la infraestructura logística china y volcar sus exportaciones hacia ese mercado.
Conclusión
La visita de Marco Rubio a la región andina ha desnudado, una vez más, la falta de soberanía de los gobiernos de la periferia americana. Detrás de los acuerdos de defensa y la ciberseguridad, se ha consolidado un modelo de exclusión estructural que sacrifica al productor local y al trabajador informal en honor a los intereses geopolíticos de una potencia en decadencia financiera pero elefantiásica militarmente.
Es una profunda ironía histórica que hayan tenido que ser las misiones diplomáticas chinas las que emitieran comunicados recordando que «América Latina no es el patio trasero de nadie», mientras que las máximas autoridades en Bogotá, Quito y Lima se entregaban a los brazos de Rubio.
Los gobiernos andinos parecen olvidar que el respeto internacional y local no se gana mediante la sumisión incondicional. Enmudecer ante los aranceles punitivos que impone el gobierno de Trump a pesar del perjuicio que ocasionan a empresas y a miles de trabajadores informales de la región andina; comprometerse a cercar a China, o a cualquier otro país, como proveedor de capitales para desarrollar la infraestructura e invertir en los recursos naturales de la región; y permitir la injerencia militar estadounidense para combatir el narcotráfico sin exigir medidas drásticas que restrinjan su demanda desde el país del norte, expondrá a los Presidentes andinos a un rechazo vertiginoso de la ciudadanía.
- Por Ariela Ruiz Caro | Fuente-. https://www.elcohetealaluna.com/la-gira-andina/
Internacionales – La Época – Con sentido del momento histórico
