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La Paz-. Un llamado del expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé al mandatario Luis Arce, al vicetitular, David Choquehuanca, y al exdignatario Evo Morales a frenar la confrontación y establecer una tregua, refleja la tensión que hoy vive Bolivia.
El también destacado abogado constitucionalista instó a los actores políticos en carrera electoral a contribuir en esa dirección.
Desde el lunes último, sectores sociales afines al primer exmandatario indígena del país altiplánico radicalizaron sus medidas de presión con el bloqueo de caminos en varias regiones, principalmente en el central departamento de Cochabamba, en demanda de la inscripción de la candidatura presidencial de Morales para las elecciones generales.
Varias sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) excluyeron de los comicios previstos para agosto próximo al exjefe de Estado.
Los movilizados, asimismo, radicalizaron sus demandas y piden la renuncia del presidente Arce en un contexto de falta de liquidez de dólares, falta de combustible y alza de los precios de la canasta familiar.
“Los bloqueos y el uso de la violencia sólo perjudican a la población que ya sufre el desgobierno y la escasez de alimentos y combustibles. Invoco a Evo Morales, a Luis Arce, a D. Choquehuanca y a cada uno de los actores políticos en carrera electoral a promover una tregua (…)”, escribió Rodríguez Veltzé en su cuenta de X.
Insistió en la necesidad de que se construya un espacio “para resolver -en paz- las diferencias”.
Advirtió el jurista que “los bolivianos fuimos capaces de superar la confrontación y las crisis muchas veces, pero éstas requirieron de renunciamientos personales, partidarios y compromiso con la gente, con la democracia y el bien común”.
El llamado surgió después que el sábado último el Gobierno anunció operaciones conjuntas entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas con el fin de restablecer el orden público.
Durante la mañana de este domingo, policías y militares tomaron el control del puente de Parotani, Cochabamba, zona de conflicto y principal vía que une con el occidente del país.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, advirtió el sábado que se iniciarían operaciones conjuntas entre efectivos policiales y militares para restablecer el orden público.
Indicó que el país fue testigo de una escalada de violencia “impulsada” por intereses políticos que no reconocen el proceso democrático.
Mencionó en declaraciones al canal estatal Bolivia Tv agresiones a policías, retenciones ilegales de militares, ataques a ambulancias y personal del sector sanitario, así como obstrucciones a la transportación de hidrocarburos y alimentos.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que observe con atención la situación actual en Bolivia. Asimismo, instamos a la población a defender la paz, el libre tránsito y la democracia, valores que han requerido un arduo esfuerzo para ser construidos”, sostuvo.
DENUNCIAS:
En medio de este panorama, el 6 de junio el ministro de Justicia, César Siles, confirmó ante la prensa que se hizo efectiva una denuncia contra el expresidente Morales y Suseth Rodríguez por ocho delitos, entre ellos terrorismo.
“Hemos presentado (…) una denuncia por ocho delitos de acción pública atribuibles, inicialmente, al señor Evo Morales Ayma, a la señora Suseth Rodríguez y a quienes resulten autores, coautores, cómplices o encubridores”, aseguró a la salida de la Fiscalía de La Paz.
Los delitos por los que se les acusa son terrorismo, instigación pública a delinquir; atentados contra la seguridad de los servicios públicos y atentado contra la seguridad del transporte.
Asimismo, la denuncia incluye atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales; destrucción y deterioro de bienes del Estado, y obstrucción de procesos electorales.
A tenor de la acusación, Morales y Rodríguez son identificados como los que ordenaron cercos y bloqueos de caminos para forzar la habilitación de la candidatura del exmandatario, pese a carecer de un partido debido a resoluciones del TCP y haberse cerrado la inscripción el 19 de mayo último.
“Se está atentando contra la libertad de locomoción de las personas -advirtió el ministro-, contra el paso de cisternas que traen combustible y de ambulancias, ya hay personas fallecidas, heridas, policías agredidos (…)».
El jefe de cartera pidió de manera reiterada al Ministerio Público que actúe con celeridad, admita la denuncia, asigne una comisión de fiscales e inicie las investigaciones, y deseó que la fiscalía convoque a Rudy Capquique, quien en el canal privado DTV se autodenominó afín a Morales hasta hace poco y presentó una presunta grabación del exmandatario.
Según ese audio, Morales habló a este personaje de cercar La Paz y de llevar a cabo una “batalla final”.
“Es un testigo importante. Hemos pedido que haga llegar el celular para poder hacer las pericias correspondientes”, concluyó Siles.
Del lado contrario, la diputada del Movimiento al Socialismo afín a Morales Gladys Quispe calificó de falso y fraguado el audio.
En declaraciones al canal Abya Yala opinó que es otra maniobra del Gobierno para atacar a Morales y lavar su imagen.
Denunció, asimismo, que Capquique se vendió porque tiene cuentas pendientes con la justicia por avasallar propiedades como loteador en la ciudad de El Alto.
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