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El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Marlon Ochoa, denunció el lunes la consumación de un fraude institucional al declarar concluidas las elecciones generales del 30 de noviembre con un escrutinio inconcluso, especialmente en el Distrito Central, que incluye a la capital Tegucigalpa.
Ochoa acusó a sus colegas del bipartidismo, las consejeras Ana Hall, del Partido Liberal, y Cossette López, del Partido Nacional de retrasar deliberadamente el escrutinio especial de más de 400 actas con inconsistencias en el municipio de mayor peso electoral del país.
“Proceder a la declaratoria general de elecciones sin procesar las 435 actas pendientes del Distrito Central es un fraude, un acto de corrupción y de violencia que usurpa y se roba la voluntad popular de nuestra capital Tegucigalpa”, afirmó Ochoa en su cuenta en la red social X.
El alcalde electo de Tegucigalpa, Jorge Aldana, candidato a la reelección por Libre, sostiene que, aunque gana por un margen estrecho, existe una maniobra coordinada del Partido Nacional para imponer a su aspirante, Juan Diego Zelaya, sin completar el recuento de todas las juntas receptoras de votos.
Ochoa denunció que se busca replicar el mismo patrón fraudulento utilizado en el nivel presidencial, donde el CNE proclamó el pasado 24 de diciembre a Nasry Asfura como presidente electo, aún con más de 300 actas sin contabilizar.
El magistrado del CNE llamó a sus colegas a continuar el conteo sin dilaciones, subrayando que la revisión integral de las urnas pendientes es esencial para garantizar la transparencia electoral y la confianza pública, tanto a nivel nacional como internacional. “Están llevando este proceso al límite para hacer lo que se hizo en el nivel presidencial. Una declaratoria sin todas las actas es ilegal”, puntualizó.
En ese sentido, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, reconoció públicamente que en la residencia del expresidente Carlos Flores se negociaron acuerdos políticos para designar a Ana Paola Hall, Miriam Barahona, Roberto Brevé y Rolando Katán en los entes electorales, incluyendo el orden de prelación en sus presidencias en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Redondo presentó un video divulgado el 16 de diciembre, y retomado este lunes, donde se muestra a los consejeros suplentes del CNE, Carlos Enrique Cardona y Karen Patricia Rodríguez Álvarez, quienes denuncian “múltiples irregularidades” que, según afirman, comprometen la transparencia y legalidad de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Entre las anomalías señaladas destacan fallas en el sistema TREP, manipulación del software electoral, eliminación del cruce biométrico, coacciones al voto y inconsistencias en más de 16,000 actas, además de discrepancias entre los archivos del CNE, la empresa contratada y los partidos políticos.
Los consejeros llamaron al Ministerio Público y a la comunidad internacional a iniciar una “investigación rigurosa e independiente”, calificando la situación como “una amenaza grave a la democracia hondureña y a la voluntad soberana expresada en las urnas”.
Redondo calificó las declaraciones como “serias y contundentes”, y reiteró que ya se presentaron denuncias ante el Ministerio Público. “No avalaremos un proceso electoral que no respete la voluntad del pueblo hondureño”, afirmó mientras criticaba la declaratoria «ilegal” del CNE por omitir el escrutinio especial solicitado por Libre y Liberal y por no revisar las 19,167 juntas receptoras de votos.
Ante la falta de una declaratoria válida dentro del plazo constitucional, Redondo señaló que, amparado en el artículo 205, numeral 7, de la Constitución, correspondería al pleno del Congreso realizar el escrutinio y emitir la declaración oficial, no a una comisión. El presidente del CNE hizo un llamado a la ciudadanía a rendirse y aseguró que el Legislativo buscará una salida constitucional a la crisis electoral.
En este contexto, una auditoría externa contratada por el CNE identificó el pasado fin de semana 61 municipios con márgenes de diferencia iguales o inferiores al 5 %. El informe recomienda aplicar escrutinio especial bajo criterios técnicos claros y consistentes para asegurar la legalidad y legitimidad de los resultados.
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