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LA PAZ (Xinhua) — El Gobierno de Bolivia anunció este martes que afina detalles de un paquete de leyes orientado a consolidar la atracción de inversiones nacionales y extranjeras en minería, hidrocarburos y energía, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional, garantizar seguridad jurídica y sentar bases estables para el desarrollo económico sostenible.
De acuerdo con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, las iniciativas legislativas buscan dar respaldo legal a largo plazo a los decretos recién aprobados por el Ejecutivo y que están dirigidas a dinamizar la economía y generar un entorno más previsible para los inversionistas.
José Luis Lupo afirmó que son normas fundamentales destinadas a atraer inversión privada nacional y extranjera en sectores estratégicos como en hidrocarburos, minería y energía, que «van a permitir mostrar que Bolivia es un país confiable», reiteró a la televisora Unitel.
El paquete legal será remitido a la Asamblea Legislativa y contempla, además, proyectos vinculados a créditos internacionales gestionados por el presidente Rodrigo Paz Pereira ante organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con Lupo, la estabilidad económica reciente se ha apoyado principalmente en instrumentos normativos del Ejecutivo, pero el Gobierno considera necesario avanzar hacia un marco legal integral que involucre al Legislativo y a los actores políticos, con el fin de generar consensos en torno a una agenda de desarrollo.
El funcionario subrayó que las nuevas normas apuntan a superar barreras regulatorias, reducir la burocracia y reforzar el estado de derecho, con el propósito de crear condiciones favorables para la inversión, la transferencia de tecnología y el crecimiento de las exportaciones.
El Ejecutivo boliviano ha impulsado medidas económicas destinadas a estabilizar la economía, entre ellas la liberalización de la importación de combustibles sin el Impuesto al Valor Agregado (IVA), incentivos a la inversión privada, ajustes en bonos sociales, el levantamiento a la subvención a los combustibles y el incremento del salario mínimo.
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