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La entrada Fiscalía pide seis meses de prisión para exministro de Bolivia apareció primero en La Época – Con sentido del momento histórico.
La Paz-. En la semana que concluye, la fiscalía imputó formalmente al exministro de Justicia César Siles por el caso denominado Consorcio y solicitó su detención preventiva por seis meses en la cárcel paceña de San Pedro.
La solicitud de medidas cautelares fue planteada después que el extitular se presentó a declarar ante la comisión del Ministerio Público que investiga este expediente.
Siles fue sindicado por los delitos de tráfico de influencias y consorcio de jueces y fiscales sobre la base de elementos que salieron a flote tras una presunta grabación con su voz, filtrada el sábado último, y la declaración del juez Fernando Lea Plaza.
“Vamos a respetar el trabajo de la Fiscalía. Vamos a someternos a lo que el fiscal diga con respecto a la imputación y las (posibles) medidas cautelares”, declaró a la prensa el abogado defensor, el constitucionalista Franklin Gutiérrez.
Sin embargo, consideró débil el proceso y anunció que solicitará la libertad pura y simple para su defendido.
Argumentó que el audio que presuntamente lo implica en la coordinación de un fallo judicial no figura en el cuaderno de investigaciones.
“El soporte con el cual se ha publicado esa conversación no existe. Sin él, este proceso se derrumba”, aseveró, en referencia al mismo método en que Siles se basó semanas atrás para acusar al expresidente Evo Morales de ocho delitos, entre ellos terrorismo por una presunta grabación.
El expediente Consorcio detonó tras la filtración del audio en el que, presuntamente, Siles conversa con el juez Lea Plaza, del municipio paceño de Coroico, acerca de una acción judicial que buscaba suspender a la magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira, con el objetivo de sustituirla por su suplente, Iván Campero.
Interrogado por los fiscales, Lea Plaza sostuvo que fue presionado por la exautoridad y otros administradores del Órgano Judicial como el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Yván Córdova y la exvocal Claudia Castro.
Todos ellos han sido vinculados como parte de un presunto consorcio para manipular decisiones judiciales con fines políticos.
Además de Siles, permanecen aprehendidos y procesados el juez Lea Plaza, la vocal Castro; el magistrado suplente Iván Campero y el expresidente del TDJ Yván Córdova, así como el abogado José Ramiro Uriarte.
La detención preventiva del exministro será definida por un juez de medidas cautelares en las próximas horas.
Coincidentemente con este escándalo, la nueva ministra de Justicia, Jessica Saravia, rechazó un informe de la organización no gubernamental (ONG) Proyecto de Justicia Mundial (WJP, siglas en inglés) que califica a Bolivia como el país más corrupto de Sudamérica.
Difundido este viernes, el reporte ubica al Estado Plurinacional en el puesto 141 de 142 países en el índice global de ausencia de corrupción, por lo cual Saravia puso en tela de juicio a esa ONG y la metodología utilizada.
“Nosotros negamos enfáticamente lo manifestado dentro de ese informe (…), hemos sido evaluados constantemente como ministerio por organismos y entidades que cumplen con una metodología y la información clara”, sostuvo.
Advirtió sobre ese documento, que Bolivia ni siquiera conoce la metodología, lo cual genera muchas dudas.
Opinó que el informe del WJP, realizado desde afuera y de manera “unilateral”, está totalmente alejado de la realidad debido a que no se tomó en cuenta los datos del Gobierno boliviano.
Recordó la ministra que Bolivia fue evaluada en 2024 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la cual calificó como una instancia oficial y seria.
“Según los estándares del OCDE -enfatizó la titular-, sobre el conflicto de intereses, Bolivia cumple con el ciento por ciento de las salvaguardas regulatorias y ha implementado 78 puntos porcentuales en la práctica.
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