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Familiares de dos ciudadanos trinitenses asesinados en un ataque con misiles de EE.UU. en el Caribe han interpuesto una demanda por homicidio culposo contra el Gobierno de Donald Trump. Este litigio, el primero de su tipo, busca justicia ante la brutalidad de la campaña militar no autorizada que, bajo el pretexto de una “guerra contra las drogas”, ha segado más de 120 vidas en el Pacífico y el Caribe desde septiembre pasado.
La versión sostenida por la querella sostiene que Chad Joseph y Rishi Samaroo, dos trabajadores que se ganaban la vida en la pesca y la agricultura en Venezuela, regresaban a su hogar en Trinidad y Tobago el 14 de octubre de 2025 cuando un misil estadounidense impactó su embarcación.
“Si el gobierno estadounidense creía que Rishi había hecho algo malo, debería haberlo arrestado, acusado y detenido, no asesinado”, expresó Sallycar Korasingh, hermana de Samaroo.
Según la demanda, presentada en un tribunal federal de Boston, se trataba de civiles, no de narcotraficantes, y fueron víctimas de una operación “manifiestamente ilegal”. Baher Azmy, abogado del Centro de Derechos Constitucionales, lo calificó sin ambages: “Estos son asesinatos ilegales a sangre fría; asesinatos por deporte y asesinatos para ofrecer un show”.
La administración Trump, a través de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha intentado vestir estos ataques con el ropaje del “derecho de los conflictos armados”, alegando que se dirigen contra “grupos armados”. Sin embargo, expertos legales y organizaciones de derechos humanos han rebatido esta narrativa: los cárteles de la droga no constituyen, bajo el derecho internacional, un grupo armado en el sentido contemplado por el derecho de la guerra. Más grave aún, el Congreso de EE.UU. nunca autorizó esta campaña de asesinatos selectivos en aguas internacionales, lo que la sitúa en un limbo jurídico y moral.
En este sentido, la demanda se ampara en dos leyes estadounidenses: la Ley de Muerte en Alta Mar y el Estatuto de Agravios Extranjeros de 1789. Sin embargo, el caso trasciende la búsqueda de indemnizaciones por parte de las familias. El Tribunal de Boston deberá decidir si consideran legal la doctrina aplicada por Trump por la cual Washington actúa como juez, jurado y verdugo en cualquier rincón del globo, pisoteando la soberanía de naciones como Venezuela, en cuyas aguas jurisdiccionales ocurrió el ataque, y despreciando el derecho a la vida de ciudadanos de países del Sur Global.
A la fecha, los ataques a embarcaciones, que comenzaron en septiembre de 2025, dejan un saldo de más de 120 personas muertas, en episodios calificados por diversos expertos como ejecuciones extrajudiciales por parte de Estados Unidos. El último de ellos se registró el pasado 24 de enero, informándose como resultado dos muertes y un tercer tripulante herido.
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