El tema resulta demasiado ampuloso y complejo. Lo cierto es que la ley Nº 466 del 27 de diciembre de 2013, resultó insuficiente e ineficiente con sus recomendaciones esenciales.
La constitución de empresas públicas obedece al capricho, arbitrariedad e intereses de los gobernantes, sin consulta ni participación del pueblo. Sea como: empresa estatal, empresa estatal mixta, empresa mixta, empresa estatal intergubernamental u otra definición adjunta que se utilice, en su generalidad no cumplen con las siguientes exigencias básicas:
• Presentación inicial de proyectos de prefactibilidad y factibilidad.
• Planificación, organización, dirección y control. Precisar la normativa específica para conformar estatutos, poderes, reglamentos, procedimientos y procesos de administración ejecutiva y operativa que, en el caso boliviano, son inexistentes y en otros, ineficaces, antieconómicos e ineficientes.
• Conformación del capital inicial, al margen de la participación de la ciudadanía, en el momento de su constitución, como de la ampliación de capitales, como mandan las normas legales en el país, con la participación de la Bolsa de Valores, por sus competencias comprometidas para la credibilidad, valoración independiente y transparencia de participación de accionistas.
• El éxito de la empresa pública radica en llevar a cabo planes, programas, proyectos y presupuestos definidamente estipulados. Los mismos deben orientar y sustentar su ejecución y ser evaluados periódicamente, con emisión de informes técnicos independientes, a cargo de consultores acreditados externos o de la Contraloría General del Estado, lo que no se produjo.
• La gestión y control empresarial fue totalmente politizada, desde la incorporación de partidarios del régimen de turno, en niveles ejecutivos, operativos y de apoyo. En cuanto al manejo económico financiero, públicamente no se conoció sus resultados, no obstante la denuncia continua de que muchas empresas estatales están en quiebra.
• Los roles y objetivos estratégicos son contribuir a la soberanía nacional y fundamentalmente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, demostrando rentabilidad y servicio público; aspectos que jamás fueron previstos en Bolivia, considerando que estamos en un marco de globalización, donde toda empresa, inclusive la estratégica y social, debe ser productiva, competitiva y rentable. Esta filosofía institucional fue muy difícil de concebir en nuestro país, como ocurrió en los últimos veinte años.
• Cuánta incapacidad en el manejo de las empresas públicas, al quedar al margen de controles internos y fundamentalmente externos, sin diagnósticos organizacionales y situacionales integrales, estratégicos, operativos y periódicos. En especial no se distinguió aquellas realmente estratégicas y sociales, de contribución al vivir bien del pueblo en general. Tampoco hubo participación de la empresa privada en muchas de estas actividades, con una comprobación de competencias y beneficios, que pueden ser fiscalizados y apoyados por entidades nacionales e internacionales, para supervisar y regular su actuación, lo que sin duda repercutiría en un mejor desarrollo, buscando generar valor agregado y su articulación a una matriz productiva de beneficio amplio para el ciudadano boliviano, cada vez más ignorado.
• Se debe también recordar que, la ley 341, ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, ley 1390 de fortalecimiento y lucha contra la corrupción y ley 025 del Órgano Judicial para ejercer el control social, después de años de aprobación, no tuvieron éxito. No fueron aplicadas para control social a las empresas públicas, debido a la obstaculización del poder político y autoritarismo de los ejecutivos vigentes.
• Mucho más se podría precisar si accediéramos a la documentación existente. Ciertamente, en nuestro país estamos todavía acostumbrados a la falta de institucionalización empresarial.
La entrada Es importante institucionalizar nuestras empresas públicas se publicó primero en El Diario – Bolivia.
El tema resulta demasiado ampuloso y complejo. Lo cierto es que la ley Nº 466 del 27 de diciembre de 2013, resultó insuficiente e ineficiente con sus recomendaciones esenciales. La constitución de empresas públicas obedece al capricho, arbitrariedad e intereses de los gobernantes, sin consulta ni participación del pueblo. Sea como: empresa estatal, empresa estatal
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El tema resulta demasiado ampuloso y complejo. Lo cierto es que la ley Nº 466 del 27 de diciembre de 2013, resultó insuficiente e ineficiente con sus recomendaciones esenciales.
La constitución de empresas públicas obedece al capricho, arbitrariedad e intereses de los gobernantes, sin consulta ni participación del pueblo. Sea como: empresa estatal, empresa estatal mixta, empresa mixta, empresa estatal intergubernamental u otra definición adjunta que se utilice, en su generalidad no cumplen con las siguientes exigencias básicas:
• Presentación inicial de proyectos de prefactibilidad y factibilidad.
• Planificación, organización, dirección y control. Precisar la normativa específica para conformar estatutos, poderes, reglamentos, procedimientos y procesos de administración ejecutiva y operativa que, en el caso boliviano, son inexistentes y en otros, ineficaces, antieconómicos e ineficientes.
• Conformación del capital inicial, al margen de la participación de la ciudadanía, en el momento de su constitución, como de la ampliación de capitales, como mandan las normas legales en el país, con la participación de la Bolsa de Valores, por sus competencias comprometidas para la credibilidad, valoración independiente y transparencia de participación de accionistas.
• El éxito de la empresa pública radica en llevar a cabo planes, programas, proyectos y presupuestos definidamente estipulados. Los mismos deben orientar y sustentar su ejecución y ser evaluados periódicamente, con emisión de informes técnicos independientes, a cargo de consultores acreditados externos o de la Contraloría General del Estado, lo que no se produjo.
• La gestión y control empresarial fue totalmente politizada, desde la incorporación de partidarios del régimen de turno, en niveles ejecutivos, operativos y de apoyo. En cuanto al manejo económico financiero, públicamente no se conoció sus resultados, no obstante la denuncia continua de que muchas empresas estatales están en quiebra.
• Los roles y objetivos estratégicos son contribuir a la soberanía nacional y fundamentalmente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, demostrando rentabilidad y servicio público; aspectos que jamás fueron previstos en Bolivia, considerando que estamos en un marco de globalización, donde toda empresa, inclusive la estratégica y social, debe ser productiva, competitiva y rentable. Esta filosofía institucional fue muy difícil de concebir en nuestro país, como ocurrió en los últimos veinte años.
• Cuánta incapacidad en el manejo de las empresas públicas, al quedar al margen de controles internos y fundamentalmente externos, sin diagnósticos organizacionales y situacionales integrales, estratégicos, operativos y periódicos. En especial no se distinguió aquellas realmente estratégicas y sociales, de contribución al vivir bien del pueblo en general. Tampoco hubo participación de la empresa privada en muchas de estas actividades, con una comprobación de competencias y beneficios, que pueden ser fiscalizados y apoyados por entidades nacionales e internacionales, para supervisar y regular su actuación, lo que sin duda repercutiría en un mejor desarrollo, buscando generar valor agregado y su articulación a una matriz productiva de beneficio amplio para el ciudadano boliviano, cada vez más ignorado.
• Se debe también recordar que, la ley 341, ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, ley 1390 de fortalecimiento y lucha contra la corrupción y ley 025 del Órgano Judicial para ejercer el control social, después de años de aprobación, no tuvieron éxito. No fueron aplicadas para control social a las empresas públicas, debido a la obstaculización del poder político y autoritarismo de los ejecutivos vigentes.
• Mucho más se podría precisar si accediéramos a la documentación existente. Ciertamente, en nuestro país estamos todavía acostumbrados a la falta de institucionalización empresarial.
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Opinión archivos – El Diario – Bolivia
