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En las primeras horas del 3 de enero de 2026 se abrió una fisura en el orden internacional. No se trató solo de la violencia infligida a Venezuela —los bombardeos, las muertes civiles, la destrucción de infraestructura y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores— sino del hecho de que esa violencia fue presentada públicamente como una “operación de aplicación de la ley”. La sesión del Consejo de Seguridad del 5 de enero expuso un multilateralismo fracturado: Estados Unidos defendió sus acciones como excepcionales y necesarias; varios Estados las denunciaron como una violación fundacional del derecho internacional; el Secretario General habló desde un lugar de alarma institucional; y un cuarto grupo intentó conciliar la defensa de la soberanía con una retórica humanitaria.
Lo que revelaron las respuestas de Venezuela del 5 de enero es la emergencia de un nuevo tipo de Estado‑nación, uno cuya capacidad soberana ya no se ejerce únicamente a través de sus instituciones formales, sino mediante una constelación más amplia de prácticas y actores que actúan en concierto con ellas. La respuesta frente a la agresión no se articula en un solo registro ni se expresa con una sola voz. Lo que emerge es una polifonía: un ensamblaje de voces que operan en planos legales, institucionales, epistémicos y territoriales, y que en conjunto producen una defensa multiescalar frente a la tutela imperial.
Este artículo se organiza en torno a tres de esas voces, que no compiten entre sí sino que se entrelazan para componer una defensa de la soberanía con múltiples frentes. La primera es el registro diplomático encarnado en la intervención de Samuel Moncada ante el Consejo de Seguridad durante la sesión del 5 de enero de 2026. Su formación como historiador le permite leer la agresión no solo como una violación jurídica, sino como la reiteración de un patrón colonial que atraviesa la historia latinoamericana. Sin embargo, su voz no es puramente institucional: en ella residen otras dos voces que la preceden y la sostienen.
La segunda es la voz insurgente del Estado venezolano, que desde hace años busca desplazar su función tradicional y reescribirla a través del cuidado, la reproducción social y la descolonización de la economía. La tercera voz es la más antigua y la más persistente: la de los movimientos sociales. No es reactiva ni espera a que la agresión ocurra para defenderse. Su fuerza radica en intervenir en todas las temporalidades de la violencia: desmontar las condiciones históricas que hacen posible la intervención, resistir cuando la agresión se despliega y reconstruir el tejido comunitario después del daño.
La diplomacia, en este marco, deja de ser un registro autónomo o un lenguaje neutral. Funciona como un punto de condensación donde historia, legalidad e insurgencia se entrelazan. La intervención de Moncada no sustituye ni representa mecánicamente a las otras dos voces que la sostienen —la del Estado en transformación y la de los movimientos sociales—; más bien las contiene, las traduce y las refracta. En esa composición se articulan temporalidades distintas y formas heterogéneas de soberanía que exceden el procedimiento diplomático, entendido aquí como un dispositivo que ordena, limita y neutraliza la expresión política bajo la apariencia de formalidad técnica. Su gesto, por tanto, no se reduce a disputar una categoría jurídica: desborda ese procedimiento al introducir en él memorias coloniales, prácticas insurgentes y persistencias populares que la escena multilateral no está diseñada para absorber, anunciando una diplomacia que ya no puede sostenerse en la neutralidad ni en la distancia, y que se redefine en diálogo con las transformaciones internas del Estado y con las prácticas que sostienen la vida en los territorios.
La voz diplomática como lectura histórica
Más que un ideal abstracto o normativo, el registro diplomático analizado aquí es la voz concreta de Samuel Moncada. Historiador de formación y diplomático de profesión, su intervención ante el Consejo de Seguridad se ha convertido en uno de los documentos más reveladores del multilateralismo contemporáneo. No habla desde la neutralidad institucional típicamente asociada a la diplomacia, sino desde una conciencia histórica que lee la agresión del 3 de enero como la reiteración de un patrón colonial de larga duración y no como un episodio aislado. Esta lectura no minimiza la importancia del derecho internacional; por el contrario, lo afirma como un terreno de disputa indispensable, especialmente en un escenario donde la fuerza se presenta como excepción y amenaza con vaciar de contenido las garantías colectivas.
No habla desde la asepsia ritual del derecho internacional ni únicamente desde la indignación moral: habla desde la historia. Es una voz situada que combina la precisión jurídica con una memoria larga. Cuando denuncia la violación del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, no lo hace como quien recita una tecnicidad, sino como quien señala la fractura de la norma fundacional que debería impedir que la fuerza se convierta en el lenguaje de las relaciones internacionales. Esa disposición, el cuarto párrafo del Artículo 2, es la que establece la prohibición absoluta del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. No es una cláusula menor: es la disposición que sostiene la promesa fundacional de la ONU de que la fuerza no será el lenguaje de las relaciones internacionales.
Moncada no dramatiza: documenta. No personaliza: contextualiza. No convierte al agresor en protagonista: lo inscribe en una secuencia histórica de intervenciones destinadas a subordinar la soberanía venezolana y latinoamericana a intereses geopolíticos y económicos externos. Su denuncia de la violación del Artículo 2(4), de los Convenios de Ginebra, de la inmunidad de los jefes de Estado y de la prohibición absoluta del uso de la fuerza no es meramente técnica: es genealógica. Cada norma que cita es también un recordatorio de las muchas veces en que esas mismas normas han sido ignoradas cuando el agresor es una potencia hegemónica.
En este sentido, no se trata de contraponer lo dicho por Moncada, diplomático‑historiador, a una voz diplomática idealizada, sino de leerlo desde la densidad histórica que lo sostiene. Su voz no opera en el vacío institucional del derecho internacional, sino en un entramado donde convergen la memoria colonial, la tradición latinoamericana de defensa de la soberanía —incluida la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz— y las prácticas insurgentes, estatales y comunitarias que han reconfigurado el sentido mismo de la soberanía en Venezuela. Leerlo desde este horizonte permite revelar la distancia entre lo que la Carta de la ONU promete y lo que el sistema internacional efectivamente permite. Se trata de iluminar una voz situada, es decir, una voz que habla desde una posición histórica concreta, marcada por la experiencia acumulada de intervenciones, por la defensa regional de la soberanía y por las transformaciones internas del Estado venezolano. Su diagnóstico histórico del 3 de enero expone, con precisión, la distancia entre la norma que promete limitar el uso de la fuerza y el modo en que el sistema internacional administra, y a menudo reproduce, relaciones de poder que silencian, distorsionan o minimizan la voz de los Estados agredidos.
La diplomacia, en este marco, no aparece como un lenguaje neutral ni como un ejercicio técnico, sino como un espacio donde se condensan temporalidades, memorias y disputas. Moncada convierte su intervención en un acto de lectura del orden global: una lectura que denuncia pero también archiva; que interpela pero también documenta; que acusa pero también explica. Su voz no es la de un Estado aislado, sino la de un proceso histórico que contiene tanto al Estado insurgente como a las comunidades insurgentes que sostienen la vida en los territorios. En esa convergencia reside su fuerza. Y es precisamente desde esa fuerza, desde esa diplomacia enriquecida por la lectura histórica, que se abre el camino hacia la siguiente voz: la del Estado insurgente, donde la defensa deja de ser mera protección institucional y se despliega como una soberanía polifónica sostenida por múltiples voces y prácticas que exceden al Estado y hacen del cuidado una forma concreta de resistencia. Si la diplomacia histórica permite leer la agresión desde la memoria larga, otra voz emerge para mostrar cómo esa lectura se transforma dentro del propio Estado.
La insurgencia del Estado: reconfigurar el Estado desde adentro
La segunda voz emerge desde un lugar que, a primera vista, parecería improbable: el propio Estado. No el Estado‑nación clásico, administrador del capital y reproductor de la lógica colonial del desarrollo, sino un Estado que desplaza su centro de gravedad al dejarse interpelar y enriquecer por proyectos feministas, antirracistas, socialistas, comunitarios y populares. Si la diplomacia histórica mostraba una soberanía polifónica en el plano internacional, aquí esa polifonía se encarna hacia adentro, reconfigurando la arquitectura estatal.
En esta voz insurgente, el Estado deja de ser un aparato orientado a la acumulación y se convierte en garante de la vida. No es un giro retórico: es un desplazamiento del principio organizador del Estado. La economía se redefine como cuidado; la deuda, como violencia; la pobreza, como forma de dominación. En ese marco, la insurgencia estatal no responde al imperio ni se limita a contradecirlo: interviene en el terreno donde el imperio produce su autoridad. Desactiva las condiciones que permiten que el imperio hable: la dependencia financiera, los mecanismos materiales de coerción, la precarización de la vida y desmonta las lógicas que sostienen su capacidad de intervención. La insurgencia estatal no opera en el tiempo corto de la reacción, sino en el tiempo largo de la reescritura: reescribe las funciones del Estado, reordena las prioridades de la economía y redefine qué cuenta como riqueza, como seguridad y como vida digna. Es una insurgencia que no se expresa en la excepcionalidad, sino en la cotidianidad: en la organización comunal, en la producción social, en la defensa del territorio. Allí radica su potencia: en transformar las bases materiales y simbólicas que históricamente han permitido que la violencia imperial se presente como necesidad, como tutela o como castigo legítimo.
Este desplazamiento no es retórico. Se expresa en prácticas concretas: propiedad colectiva, redes de producción comunitaria, autonomía económica de mujeres y hombres empobrecidos, temporalidades largas que desobedecen la urgencia imperial del “colapso” y la “crisis”. El Estado insurgente no manda: acompaña. No tutela: sostiene. No administra: escucha. Su autoridad no proviene de la verticalidad, sino de la capacidad de sostener la vida en común.
En este registro, la soberanía deja de ser defensa militar o diplomática y se convierte en reconfiguración epistémica: una manera distinta de nombrar, valorar y organizar la vida. El Estado deja de ser eco del Norte y se convierte en contra‑discurso, en una forma situada de conocimiento político que disputa los sentidos del desarrollo, del bienestar y del futuro. Así, si la diplomacia histórica revelaba una soberanía polifónica en el escenario internacional, la insurgencia estatal la materializa en el territorio, convirtiendo esa polifonía en proyecto político, en práctica cotidiana y en forma concreta de cuidado. En ese gesto, en esa reconfiguración interna del Estado, se abre el camino hacia la tercera voz, aquella que sostiene la vida desde abajo y que completa el entramado de esta soberanía en plural. Porque la reescritura estatal no ocurre en el vacío: se sostiene en una práctica más antigua y más persistente, nacida desde abajo, que antecede al Estado y lo obliga a transformarse.
La insurgencia comunitaria: soberanía desde abajo
La tercera voz es la más antigua y la más persistente: la de los movimientos sociales. No es reactiva ni espera a que la agresión ocurra para defenderse. Su fuerza radica en intervenir en todas las temporalidades de la violencia: desmantelan las condiciones históricas que hacen posible la intervención, resisten cuando la agresión se despliega y reconstruyen el tejido comunitario después del daño. Y lo hacen de manera continua, porque su acción no depende de la coyuntura, sino de una práctica histórica que seguirá actuando siempre, sosteniendo la vida incluso cuando el Estado o el sistema internacional fallan.
Los movimientos sociales rompen la narrativa que los convierte en objeto. Controlan su propio relato a través de periódicos comunitarios, archivos orales, consejos comunales, radios locales y pedagogías territoriales que sostienen la memoria viva. Tejen alianzas regionales desde abajo, sin esperar a que los Estados se pongan de acuerdo. Desmercantilizan el territorio, lo defienden como vida y no como recurso, y producen formas de organización que no caben en la gramática estatal ni en la lógica del mercado. Hacen visible la violencia fundacional que el Estado a veces oculta: la violación, el despojo, la esclavitud, la masacre. Practican soberanía cotidiana en la comida, la crianza, la lengua, la justicia comunal. Desobedecen la cronología colonial que los define como atraso o promesa, y sostienen temporalidades largas donde la vida se organiza sin la urgencia imperial del colapso. Convierten el cuerpo en archivo político: un territorio donde se acumulan heridas y saberes, donde la violencia se recuerda para no repetirse y donde la supervivencia se transforma en imaginación colectiva y en capacidad de futuro.
En este registro, la soberanía es una forma de vida que se ejerce sin pedir permiso y sin esperar reconocimiento. No es un atributo jurídico ni una prerrogativa estatal, sino una práctica cotidiana que organiza la existencia y sostiene la continuidad de los pueblos. Es la soberanía que sostiene al Estado insurgente desde abajo y que, al hacerlo, completa la polifonía que recorre todo este artículo: la soberanía que se vive, se recuerda, se cocina, se habla y se defiende en comunidad. Una soberanía que se transmite en gestos, en cuidados, en memorias largas; que se encarna en los cuerpos y en los territorios; que rehace el mundo desde lo común y que persiste incluso cuando el Estado vacila o el sistema internacional calla. Es, en última instancia, la soberanía que no necesita ser declarada porque ya está siendo vivida. Y cuando la violencia finalmente irrumpe, estas voces no desaparecen: se condensan en la diplomacia que habla en medio de la agresión, sosteniendo la continuidad institucional y la memoria del daño.
La diplomacia en momentos de agresión
La intervención del Embajador Samuel Moncada ante el Consejo de Seguridad pertenece a otro registro: el de la diplomacia cuando la agresión ya ocurrió. Su voz no es sobria ni anticipada: es una voz situada en la urgencia, que habla desde el dolor, desde la evidencia jurídica y desde la necesidad de nombrar aquello que el sistema internacional preferiría no escuchar. La desestabilización no comenzó el 3 de enero; venía actuando desde antes, desde el cerco marítimo y aéreo que había ido estrechando las condiciones materiales del país y preparando el terreno para la excepcionalidad. Pero lo que ocurrió ese día fue un salto cualitativo: ya no se trataba de presión, bloqueo o amenaza, sino de una irrupción militar abierta. La violencia dejó de operar a distancia y se volvió presencia directa, intervención armada, ruptura explícita del límite que separa la coerción de la agresión.
En contraste con la diplomacia histórica, que trabaja en el terreno de las genealogías del poder y de sus anticipaciones, aquí la palabra se convierte en un acto de supervivencia institucional frente a la fuerza. Cuando la violencia deja de ser posibilidad y se convierte en hecho, la diplomacia ya no interpreta ni matiza: se planta, resiste, insiste con la voz aquello que la fuerza intenta borrar. Hablar, en ese momento, no es un gesto protocolar: es la última forma de defensa frente a un orden que normaliza la excepción y amenaza con convertir el silencio en complicidad.
Moncada denuncia la violación del Artículo 2(4), la transgresión de la inmunidad de los jefes de Estado, los ataques indiscriminados contra civiles y la lógica colonial que convierte los recursos naturales en botín. Afirma la continuidad institucional como forma de resistencia, informa que el Estado sigue funcionando, que la Constitución se ha activado, que la Vicepresidenta ha asumido la presidencia encargada. En un escenario donde la agresión busca producir vacío, su intervención insiste en producir presencia.
Pero en este registro aparece algo más: la escucha del trauma. Moncada introduce en la sala del Consejo de Seguridad lo inaudito, lo que el sistema internacional no quiere o no sabe oír y lo inédito, lo que no tiene precedentes en su gramática diplomática. Su voz no busca convencer: busca dejar constancia, inscribir en el archivo global una experiencia de violencia que, de otro modo, sería borrada. Es la voz de un Estado que sabe que el Consejo de Seguridad no lo protegerá, pero que aun así insiste en hablar desde el derecho, no como ilusión normativa, sino como memoria de la agresión, como registro para el futuro y como gesto que enlaza con las otras capas de soberanía que el capítulo ha desplegado. En ese enlace, la diplomacia bajo agresión deja de ser una escena aislada y se vuelve una voz más dentro de la polifonía de la soberanía que recorre este texto. Y, en ese punto, la diplomacia deja ver algo más profundo: que lo que ocurre afuera solo puede entenderse a la luz de lo que se transforma adentro. La voz que denuncia la agresión en el Consejo de Seguridad está hecha de las mismas tensiones, memorias y reescrituras que reorganizan el Estado puertas adentro. Lo externo y lo interno no son escenas separadas, sino capas de un mismo proceso de soberanía en movimiento. Por eso la diplomacia no desaparece: se vuelve un espacio que debe persistir, pero transformado, capaz de hablar desde esa nueva configuración interna y de proyectarla hacia el mundo.
La arquitectura polifónica de la soberanía
Estas voces no forman una jerarquía. No son alternativas ni versiones contradictorias. Son capas que se superponen y que, al hacerlo, co‑producen la arquitectura del Estado, su modo de ejercer el poder, de relacionarse con la fuerza y de sostener la vida.
La soberanía emerge de esa superposición: de la tensión entre lo que el derecho internacional permite anticipar y autoriza a concebir, y lo que la violencia imperial obliga a nombrar en contextos, como el discutido en el Consejo de Seguridad, donde el uso o la amenaza de la fuerza se han hecho efectivos. Esa escena expone no solo la vulnerabilidad de las voces de ese Estado, sino la de cualquier Estado sometido a la misma lógica de fuerza. Pero la soberanía no se agota en esa escena. También se despliega en otras tensiones: en la distancia entre el Estado que acompaña y el Estado que denuncia; en la persistencia de los movimientos que sostienen la vida cuando todo lo demás falla; y en la palabra diplomática que insiste incluso cuando la fuerza militar busca producir silencio. Es en estas tensiones donde el Estado cambia, donde deja de ser un aparato cerrado y se convierte en un entramado vivo de voces que lo desbordan y lo rehacen.
En esta arquitectura, la soberanía no es un atributo ni un documento. Es una práctica histórica, colectiva y plural, una forma de vida que se ejerce en la lectura, en el acompañamiento, en la encarnación y en la constancia. Una polifonía que no solo desestabiliza la tutela imperial, sino que expresa un nuevo tipo de soberanía ejercida por un Estado nacional cuya actuación —interna e internacional— se articula en múltiples registros, incluidos aquellos que históricamente fueron silenciados o no reconocidos como parte de su voz. Registros que antes no tenían audibilidad en la escena estatal y que, al incorporarse, transforman al propio Estado: lo obligan a hablar de otro modo, a escuchar de otro modo y a rehacer, en esa ampliación de su voz, su propia posibilidad de futuro.
Artículo tomado de la REDH
Autor: Sandra Angeleri
Fuente: Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
Opinión – La Época – Con sentido del momento histórico
