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Por La Época -.
El viernes pasado el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sido origen de dos hechos políticos de enorme importancia. Primero, le ha devuelto al gobierno del presidente Luis Arce las cuatro preguntas planteadas como propuesta para un referéndum nacional consultivo por encontrar falta de precisión y por entender, al mismo tiempo, que una de ellas requiere modificación de la Constitución Política del Estado (CPE). Y, segundo, que en palabras de uno de ellos, ese referéndum puede ser convocado por el Órgano Ejecutivo en base a una disposición legal vigente.
En el caso de las observaciones a una de las preguntas planteadas, el Gobierno ha reaccionado de entrada por la vía de la aceptación y no ha entrado a un debate jurídico-político que le estaba abriendo un frente con organizaciones cívicas, políticas y empresariales del departamento de Santa Cruz. Nos estamos refiriendo a la distribución de escaños que cada 10 años se hace en función del Empadronamiento Nacional de Población y Vivienda. En una semanas se conocerá el resultado del Censo relacionado con población, ante el cual los órganos Electoral y Legislativo deberán reasignar la cantidad de escaños por departamento en la Cámara de Diputados.
La intención del Órgano Ejecutivo de que la población decida si se mantiene la actual fórmula de distribución de escaños, que implicará que algunos departamentos bajen en representación y Santa Cruz suba, o aprobar otra fórmula en la que nadie pierda pero sí algunos suban, era la más sensata para encarar el inevitable conflicto con algunas regiones. No se entendió de esa manera y el Gobierno ha optado por no insistir.
Ahora lo que toca es que el Gobierno precise las preguntas sobre mantener o no la subvención a la gasolina, al diésel, y respecto de si la reelección para Presidente y Vicepresidente por una sola vez es ya sea para su carácter continuo o discontinuo, o si es posible que un expresidente pueda volverse a presentar después de uno o más períodos de “descanso”.
Pues bien, lo que también queda fijada es la ruta de aprobación de las preguntas del referéndum. Una vez que el Órgano Ejecutivo reformule las preguntas para su mayor precisión, estas irán al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que realice un control de constitucionalidad.
Por otra parte, el vocal del TSE Tahuichi Tahuichi ha dado por resuelto el debate sobre si el presidente Luis Arce puede o no llamar a un referéndum. De manera clara y contundente ha señalado que sí. El Artículo 18 de la Ley 026 del Régimen Electoral le da al jefe de Estado la potestad de convocar a este tipo de consulta, en el marco de la democracia participativa incorporada en la CPE.
Por tanto, todo se encamina a la realización del referéndum. Lo que sí, el Gobierno a veces le da comida que comer a la oposición cuando no explica que esta consulta es parte de una estrategia global, mucho más completa, que el presidente Arce presentó al país para empezar a resolver la crisis económica y la inestabilidad política el 6 de agosto. Cuando no hace eso de manera integral, la oposición, incluido un exVocero, aprovechan para sostener que hay una finalidad política en un momento en que la gente quiere soluciones a sus problemas económicos. Es urgente reparar ese déficit.
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