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La Paz (ABI).- El gerente legal de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Pablo Nina, explicó que a la fecha existen dos fallos judiciales que determinan, a través de diferentes argumentos jurídicos, la inexistencia de la afectación a derechos de comunidades circundantes al salar de Uyuni, respecto a los contratos del litio.
El primer fallo fue emitido el 20 de febrero de este año, por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la Resolución Constitucional N°047/2025, que resolvió denegar la tutela solicitada por un ciudadano, mediante Acción Popular.
“Si bien existe un contrato en trámite, el mismo no se encontraría perfeccionado, porque el mismo debe concluir con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional”; señala el fallo del Tribunal paceño, según un reporte institucional.
El segundo fallo, emitido el jueves, por el Juzgado Mixto de Colcha «K» de Potosí también denegó la tutela a la Acción Popular, presentada por una organización de comunarios de la Provincia Nor Lípez.
«Esta es la segunda resolución judicial que obtenemos de este tipo, sobre una Acción Popular, anteriormente resuelta en La Paz. El razonamiento jurídico es que los contratos no están vigentes y que no había ninguna vulneración de los derechos colectivos de la TCO (Tierra Comunitaria de Origen) de Nor Lípez», agregó Nina.
La determinación del juzgado potosino deja, además, sin efecto las medidas cuatelares, establecidas el 27 de mayo de la presente gestión.
Para el Gerente Legal, ambas resoluciones constituyen un importante precedente para determinar la viabilidad de la aprobación de los contratos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde se encuentran actualmente para su tratamiento legislativo.
YLB firmó contratos con las empresas Uranium One Group y CBC para la industrialización del litio, con la instalación de plantas industriales de producción de carbonato de litio grado batería, con tecnología de extracción directa de litio (EDL).
Según la estatal, una vez que los contratos sean aprobados, se iniciará con la primera fase, que consiste en el diseño final de las obras, incluyendo los aspectos medioambientales y sociales, como la consulta previa, entre otros, antes de pasar a la etapa de construcción.
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