Las políticas de línea dura contra la migración, impulsadas por Donald Trump, desataron un lucrativo negocio que trasciende las fronteras de Estados Unidos. Empresas privadas / Leer más →
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Las políticas de línea dura contra la migración, impulsadas por Donald Trump, desataron un lucrativo negocio que trasciende las fronteras de Estados Unidos. Empresas privadas gestionan cada eslabón de la cadena de deportación, desde la detención inicial hasta el traslado final, engrosando sus arcas con contratos que superan los 13 mil millones de dólares en la última década, según datos del Observatorio en Comunicación y Democracia (Comunican).
El negocio está en pleno apogeo: entre enero y mayo de 2025, el gasto destinado a estas compañías se disparó un 50%. El autodenominado «zar fronterizo» de Trump, Tom Homan, presiona para habilitar 100.000 camas destinadas a migrantes detenidos, lo que representa más del doble de la capacidad actual del sistema.
El plan de la administración Trump contempla, incluso, la creación de cárceles en el extranjero para recluir a aquellos migrantes catalogados como “peligrosos”. Centros como el Cecot en El Salvador evocan infaustas reminiscencias de Guantánamo: derechos fundamentales vulnerados y condiciones de trato inhumanas.
Desde compañías tecnológicas que desarrollan sofisticados sistemas de rastreo de migrantes hasta aerolíneas que se lucran con su traslado forzoso, un abanico de empresas se beneficia de este entramado. El Observatorio Comunican denuncia que muchas de estas corporaciones contribuyen financieramente a las campañas políticas de Trump.
El gobierno de Estados Unidos ha buscado activamente acuerdos con una veintena de países para que reciban a los migrantes deportados. Entre ellos figuran naciones como Angola, Benin, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, evidenciando la externalización de la política migratoria estadounidense.
La presión ejercida por Washington ha llegado a extremos, como la ejercida sobre Ucrania para que aceptara migrantes deportados, en plenas negociaciones sobre la explotación de recursos minerales estratégicos.
Datos recopilados por la organización Witness at the Border revelan que, en lo que va del año, se han registrado más de 350 vuelos de deportación, trasladando a cerca de 50.000 migrantes. Estos vuelos no solo tienen como destino países vecinos, sino también naciones lejanas como Costa Rica y Panamá, poniendo de manifiesto el alcance global de estas deportaciones.
Bajo el amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros, comunidades enteras son criminalizadas y despojadas de sus derechos, facilitando así la deportación masiva.
El intento de enviar deportados a Libia, un país convertido en gendarme de la Unión Europea en la contención de la migración, genera profunda preocupación.
Ruanda también figura en el punto de mira, tras haber recibido pagos por parte de Estados Unidos a cambio de aceptar migrantes, a pesar de su preocupante historial en materia de derechos humanos, que incluye denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
El floreciente negocio carcelario en Estados Unidos ve cómo empresas como GEO Group y CoreCivic experimentan un auge en el valor de sus acciones, impulsado por la promesa de deportaciones masivas. Entre sus mayores accionistas están los fondos de inversión BlackRock, Vanguard, Wolf Hill, FMR y Goldman Sachs.
Cerca del 70% de los migrantes detenidos se encuentran recluidos en centros gestionados por empresas privadas, instalaciones que han sido objeto de numerosas denuncias por la falta de atención médica adecuada y las condiciones insalubres en las que se encuentran los internos.
Un análisis exhaustivo de los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre 2020 y 2023, revela la existencia de atención médica deficiente y graves violaciones de las normas de seguridad, según un informe del Washington Post.
La financiación necesaria para sostener estas políticas migratorias se encuentra en pleno debate en el Congreso estadounidense, donde existe una creciente preocupación por la influencia que ejercen estas empresas en las campañas políticas.
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