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La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) de Ecuador, organismo de la sociedad civil, calificó este domingo al Consejo Nacional Electoral (CNE) como un «operador político» al servicio de intereses particulares, tras la polémica decisión de adelantar las elecciones locales para el presente año.
A través de sus canales oficiales, la Comisión denunció que el máximo órgano electoral, cuya gestión se mantiene bajo una «arbitraria autoprórroga», está manipulando los tiempos electorales y judicializando a los actores políticos para crear escenarios excluyentes que debilitan la frágil democracia ecuatoriana.
«El país requiere diversidad doctrinaria e ideológica y un debate plural. Restringir estos requerimientos es favorecer al autoritarismo», sentenció la CNA.
El «pretexto» climático para el adelanto electoral
El conflicto estalló luego de que el CNE (con cuatro de cinco votos a favor) aprobara adelantar los comicios locales para el 29 de noviembre de 2026, cuando originalmente estaban programados para febrero de 2027. La institución justificó la medida por supuestos pronósticos de fuertes lluvias e inundaciones.
Sin embargo, la consejera Elena Nájera, única integrante del CNE que votó en contra, cuestionó la validez técnica de la decisión. Nájera recordó que ni durante la pandemia de la Covid-19 ni durante el fenómeno de El Niño de 1998 se alteraron los calendarios, sugiriendo que la medida busca favorecer objetivos no democráticos y romper la igualdad de condiciones en la contienda
Para el movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa, esta alteración no es técnica sino una «imposición política» diseñada para impedir su participación. Actualmente, la organización se encuentra suspendida por nueve meses, una sanción que fue ratificada recientemente por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Joaquín Viteri.
El magistrado negó un recurso para levantar dicha suspensión, alegando que Gabriela Rivadeneira, elegida presidenta de la RC en enero pasado, «carece de legitimación jurídica» para actuar en nombre del movimiento. Según el TCE, para el registro oficial la representación legal sigue en manos de Luisa González.
Por su parte, Rivadeneira denunció que el CNE, bajo órdenes del ejecutivo de Daniel Noboa, se ha negado a registrar a la nueva directiva elegida en la Convención Nacional de Manabí hace ocho semanas.
«Es una maniobra para impedir nuestras candidaturas», aseveró la dirigente, mientras que Rafael Correa instó a sus cuadros políticos a desafiliarse de la organización para poder participar en los comicios de noviembre y evadir el bloqueo institucional.
En las elecciones adelantadas para noviembre se elegirán prefectos, alcaldes, concejales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031.
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