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La entrada Cuando la violencia reemplaza al diálogo: un camino sin retorno apareció primero en La Época – Con sentido del momento histórico.
Por Diego Portal -.
Los 14 días de bloqueo de caminos dispuesto por organizaciones afines al expresidente Evo Morales, principalmente las del Trópico de Cochabamba, ha tomado un rumbo muy peligroso como es el de no solo atentar contra la economía de los ciudadanos y del país, ni el de desobedecer a órdenes judiciales, sino de generar violencia en contra de la Policía a través del desplazamiento de grupos civiles armados en los distintos puntos donde están llevando a cabo los cortes de vías.
Las encendidas amenazas vertidas desde antes del inicio de la supuesta medida de protesta, por parte de los dirigentes del entorno evista como Ponciano Santos, Leonardo Loza, Héctor Arce y Humberto Claros, entre otros, sobre los objetivos reales del inhumano bloqueo de carreteras, es decir, poniendo en evidencia que lo que buscan casi nada tiene que ver con los 18 puntos planteados en su pliego de demandas, sino exclusivamente con lograr la impunidad del exjefe de Estado, acusado de dos delitos de suma gravedad como son las supuestas prácticas de estupro y trata de personas, y de paso el reconocimiento de su congreso apócrifo desarrollado en el Chapare que tendría que devenir en la postulación de Morales como candidato a la Presidencia del Estado en las elecciones previstas para el mes de agosto de 2025, han pasado a convertirse en acciones de violencia con el uso de armas de fuego cuando menos en tres puntos del bloqueo, ocasionando ya heridos entre las fuerzas del orden que cumplían instrucciones de despejar las rutas para garantizar la libre circulación de las personas en todo el territorio nacional.
Inicialmente fue en el puente Ichilo, cerca de la población de Bulo Bulo, luego en el departamento de Oruro y el último viernes de manera mucho más artera y violenta en la población de Parotani, en la ruta carretera entre Cochabamba y Oruro, donde no solo se observó el empleo de armas de fuego, como en los anteriores lugares, sino un uso indiscriminado de dinamita que ocasionó heridos de gravedad. Se ha denunciado desde hace mucho que se trasladan afiliados a las Seis Federaciones del Trópico cochabambino, por imposición de sus dirigentes (bajo amenazas y sanciones para quienes se resistan), hasta los distintos puntos de bloqueo, incluso en contra la voluntad de los habitantes de estas regiones, como sucedió recientemente en la población de Caracollo.
Los bloqueos de la muerte y la impunidad parece que se quedaran solamente con la primera parte de sus objetivos: generar sangre y dolor, en un enfrentamiento sin sentido entre bolivianos, pretendiendo únicamente satisfacer la angurria de poder de su jefe y consentir su impunidad frente a los crímenes de los que se le acusan. Habitualmente la violencia solo genera más violencia y suele ser este un camino sin retorno.
Cansancio de la población
En varios departamentos la ciudadanía se ha pronunciado de manera clara y concreta, además de masiva, exigiendo al Gobierno tomar las acciones que la ley le faculta para devolver la normalidad al país, levantando los bloqueos y resguardando la libre circulación de la población y el abastecimiento de productos de primera necesidad para todas las familias bolivianas.
Cochabamba, el departamento más afectado con el accionar de estos grupos radicales, se ha pronunciado a través de un cabildo exigiendo poner fin a esta situación; y también, por separado, sectores empresariales, gremiales y del transporte, entre otros, han manifestado su voluntad de acudir a los puntos de bloqueo para exigir sus derechos ante quienes se los están violentando desde hace casi dos semanas. Esta misma reacción ciudadana se ha revelado en otros departamentos como Santa Cruz, Oruro, La Paz y Chuquisaca. En este último departamento su gobernador advirtió que personalmente iría a desbloquear; mientras que el alcalde de La Paz ha sugerido un estado de sitio departamental (en Cochabamba) con la finalidad de devolver la tranquilidad del pueblo cochabambino.
La radicalidad, la violencia y la intransigencia de los bloqueadores, quienes sistemática han rechazado las invitaciones al diálogo hechas por el Ejecutivo, desde antes incluso de los bloqueos, ya ha rebasado los límites de la convivencia democrática, colocándose en una actitud de abierta sedición y desestabilización de la democracia, dando paso a una escalada que al pretender la renuncia del Presidente no puede ni debe llamarse de otra forma que no sea un golpe de Estado.
Pese a la violencia desplegada por los bloqueadores, las fuerzas del orden han proseguido con la labor encomendada de rehabilitar la libre circulación en todas las rutas del país. A propósito de este accionar, el presidente Luis Arce destacó el esfuerzo de la Policía en habilitar más de 100 km de rutas afectadas por bloqueos en al menos 12 puntos. En redes sociales expresó
su rechazo a la violencia entre bolivianos y lamentó que algunos celebren estos enfrentamientos, especialmente cuando se involucran explosivos y armas. Además cuestionó la retención de ambulancias, que arriesga la oportuna atención de los afectados. Arce reafirmó el compromiso del Gobierno de proteger el derecho al libre tránsito y de imponer sanciones justas contra quienes antepongan intereses personales sobre la seguridad colectiva.
Daños económicos
Los daños económicos que han ocasionado los bloqueos en 14 días son incalculables. El turismo es uno de los sectores más afectados y registra pérdidas de más de siete millones de bolivianos a causa del “bloqueo por la impunidad”, según denunció el pasado miércoles el Gobierno Nacional. “Hasta el domingo pasado (durante los primeros siete días de bloqueo) tenemos un reporte de más de siete millones de bolivianos de pérdidas a causa de este bloqueo intransigente e injustificado que daña la imagen del país y ahuyenta a los turistas”, informó el viceministro de Turismo, Iver Flores. La autoridad señaló además que el bloqueo de caminos provoca una asfixia económica y es un atentado contra el sector turístico, en época previa a las fiestas de Todos Santos y fin de año. Además, daña la imagen del país, lo cual puede derivar en una pérdida de interés de nuevos contingentes de turistas extranjeros por los riesgos que acciones como los bloqueos violentos de carreteras puedan significarles.
El sector empresarial del Departamento de Cochabamba, el más afectado con el bloqueo de caminos, sostuvo que este está llevando a la muerte al sector empresarial local, que registra una pérdida de 12 millones de dólares por día, según la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco). “Nos vemos afectados porque estamos en medio del país, una ciudad enclaustrada, no tenemos alternativas, cualquier bloqueo nos afecta”, manifestó a mitad de semana el presidente de Cadexco, Juan Carlos Ávila.
Por otra parte, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) ha reportado una pérdida de tres mil 500 millones de bolivianos en los primeros 10 días de bloqueo, indicando que 600 toneladas de alimentos se encuentran varadas, con el riesgo inminente de descomposición, en distintos puntos del país donde se han instalado los bloqueadores. El presidente de la CNI, Pablo Camacho, explicó que el volumen de alimentos en los camiones varados implica lácteos, cárnicos y otros productos perecederos que deben estar refrigerados.
Esta es apenas una muestra de los daños que el bloqueo de caminos está ocasionando, no está aún cuantificado lo que significa la afectación al transporte interdepartamental de pasajeros, el abastecimiento de alimentos de primera necesidad (especialmente carne de res y pollo) y el perjuicio a actividades laborales y comerciales, particularmente en los departamentos del Eje Central y del propio Gobierno Nacional.
Democracia en riesgo
El Presidente, hace unos días, en la cumbre de los Brics en Rusia, advirtió sobre los afanes antidemocráticos que se observan en algunos países que tienen gobiernos que no son del agrado de los poderes occidentales. Aunque sin referirse directamente, hizo alusión a lo sucedido en el golpe de 2019 y la intentona del 26 de junio pasado, cuando se frustró una asonada militar encabezada por el entonces Comandante del Ejército.
Hay fuertes indicios que permiten afirmar que la espiral desestabilizadora desencadenada a partir de noviembre de 2020, desde el mismo momento en que asumió la presidencia Luis Arce, y que parece haber llegado a su punto crucial con este bloqueo de caminos, no solo está impulsada por los grupos afines al expresidente Morales, sino que también están participando de esta sectores de oposición tradicionales de derecha y de derecha fascista, quienes conjuntamente con los “radicales” del Movimiento Al Socialismo (MAS) han mantenido un bloqueo sistemático en contra de la gestión de gobierno en la Asamblea Legislativa.
Los bolivianos y las bolivianas en más de una oportunidad hemos ratificado nuestra total y plena voluntad de vivir en democracia, rechazando en las urnas y en las calles cualquier intento golpista, así como sucedió tras el golpe de 2019, resistencia que estuvo encabezada por quienes ahora gobiernan el país.
Ellos mismos son los que tienen la responsabilidad de defender la democracia, desde las funciones que desempeñan y en el marco constitucional y de las leyes, en cumplimiento del mandato que recibieron de más del 55% del electorado.
Cualquier muestra de debilidad será aprovechada al máximo por los golpistas, por lo que no se debe subestimar ese movimiento desestabilizador y el Gobierno tiene la obligación de responder y actuar en concordancia con la magnitud de la amenaza que se cierne sobre la población.
Los golpistas han mostrado ya su verdadero rostro (y sus verdaderas intenciones) violento y antidemocrático. Han tomado un camino sin retorno, el de la violencia en contra del pueblo. Si el Gobierno no continúa cumpliendo su labor con eficiencia, la espiral violenta podría crecer y tornarse incontrolable con todo lo que puede significar esto. Pero, además del Gobierno, es responsabilidad de todos y cada uno de los bolivianos la defensa de la democracia y de las libertades ciudadanas que son el resultado de largas luchas de este pueblo.
Sin cerrar el camino al diálogo de cualquier demanda justa y que pueda ser legal y racionalmente atendida por el Gobierno, no se puede renunciar al uso legítimo de la fuerza para poner las cosas en su lugar en defensa de los intereses superiores de la patria.
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