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Brasilia-. La condena del Supremo Tribunal Federal (STF) imputada a otras 31 personas por su participación en los episodios golpistas del 8 de enero de 2023 descolló en Brasil en semana que termina hoy.
En esa fecha, marcada en negro en la historia nacional, manifestantes radicales adeptos del exmandatario Jair Bolsonaro irrumpieron violentamente y desvalijaron las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el STF y el Palacio Presidencial.
Con las acciones, los calificados de terroristas intentaban revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022 ganadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
De acuerdo con la decisión del Supremo, 28 de los condenados recibieron una pena de un año de detención, conmutada por restricción de derechos.
Mientras que los tres restantes fueron sentenciados a dos años y cinco meses en régimen semiabierto, debido al incumplimiento de medidas cautelares previas.
El relator del caso, ministro Alexandre de Moraes, sostuvo en su voto que los acusados formaban parte de un grupo que tenía como objetivo derrocar al Gobierno democráticamente electo, constituyendo un crimen de autoría colectiva.
Tal posición fue respaldada de forma unánime por los demás magistrados.
La Fiscalía General argumentó que los procesados actuaron de manera coordinada, promoviendo acciones ilegales desde un campamento frente a cuarteles del Ejército.
Todo con el fin de alentar a otros a cometer delitos, generar hostilidad entre las Fuerzas Armadas y las instituciones republicanas, y fomentar una narrativa de fraude electoral.
Aunque las defensas insistieron en que los implicados participaron de manera pacífica y sin capacidad real para realizar un golpe de Estado, la corte consideró que los hechos y mensajes difundidos en redes sociales evidenciaban la intención de tomar el poder y bloquear el funcionamiento normal de las instituciones.
Junto con la pena de detención y la restricción de derechos, todos los sentenciados deberán sufragar una multa por el delito de incitación al crimen, por instigar a los militares a actuar contra el orden constitucional.
También fueron condenados al pago solidario de una indemnización de cinco millones de reales (cerca de 900 mil dólares) por daños causados al patrimonio público.
De Moraes subrayó que más de 500 personas implicadas en hechos similares firmaron acuerdos de no persecución penal tras confesar su participación.
En cambio, los ahora condenados rechazaron el ofrecimiento, lo que llevó a la continuación del proceso penal.
Una vez que se agoten las instancias de apelación, los involucrados dejarán de ser considerados como reos primarios (personas sin antecedentes penales), lo cual puede tener repercusiones legales en el futuro.
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