La clase trabajadora boliviana enfrenta un escenario de creciente presión sobre sus ingresos y condiciones de vida, en un contexto en el que el aumento / Leer más →
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La clase trabajadora boliviana enfrenta un escenario de creciente presión sobre sus ingresos y condiciones de vida, en un contexto en el que el aumento del costo de los combustibles puede trasladarse rápidamente al precio del transporte, los alimentos y otros bienes esenciales.
En ese escenario, la decisión del Gobierno de Rodrigo Paz de retirar el subsidio al diésel supone un nuevo golpe para los sectores populares, al elevar de forma considerable el costo de un combustible fundamental para el transporte y las actividades productivas. La medida incrementó en 83% el precio del litro, que pasó de 9,80 a 17,95 bolivianos, unos 1,83 dólares.
La decisión del Ejecutivo se conoció en medio del respaldo legislativo a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante el cual Bolivia accederá a 1.900 millones de dólares para supuestamente apoyar su programa de estabilización y apuntalar sus reservas internacionales. Aunque el convenio establece el 2027 como el año para comenzar a retirar las subvenciones a los combustibles, el Ejecutivo optó por anticipar ese proceso y aplicarlo al diésel. La gasolina, en cambio, conserva por ahora el subsidio estatal.
El acuerdo con el Fondo también impone otras condiciones, como eliminar subvenciones a la energía eléctrica y el gas, y la suspensión de controles de precios en la canasta básica. Además, se establece la meta de reducir el déficit fiscal del 9,1 % al 3,8 % para 2028, mediante un programa que incluye la eliminación total de subsidios estatales, la liberalización absoluta de precios y la congelación de salarios en sectores clave de la administración pública.
Más costos para trabajadores y consumidores
La eliminación de la subvención al diésel tendría un impacto directo sobre una amplia cadena de actividades económicas. Al pasar el precio de 9,80 bolivianos por litro a un valor de mercado situado entre 17 y 20 bolivianos, sectores como el transporte de carga, la agricultura, la minería, la construcción y la distribución tendrían que afrontar mayores gastos operativos. Parte de ese incremento terminará trasladándose a los costos de transporte y, con ello, a los precios de los alimentos y otros productos que llegan a los consumidores.
El encarecimiento de los combustibles provocará una inflación impulsada por los costos: producir, transportar y comercializar bienes y servicios resultará más caro. Para los hogares, esto significaría pagar más por productos esenciales sin que necesariamente aumenten sus ingresos en la misma proporción, lo que reduciría el poder de compra de los salarios y profundizaría la presión sobre la economía familiar.
El impacto también se extenderá a la actividad económica. Las empresas y trabajadores vinculados a sectores con un elevado consumo de diésel tendrían que decidir entre asumir el incremento de sus gastos, elevar sus precios o reducir producción y operaciones.
Cualquiera de estas respuestas puede traducirse en menor demanda y menor dinamismo económico en el corto plazo. El escenario resulta especialmente sensible para Bolivia, cuya economía ya registró una contracción de 1,58% del PIB en 2025 y enfrenta una proyección de caída de 3,6% para 2026, de acuerdo con el Banco Central.
Para el Gobierno, la eliminación del subsidio supondría un alivio al reducir los recursos destinados a cubrir la diferencia entre el costo internacional del diésel y su precio interno, además de disminuir la presión sobre las divisas. Si se toma como referencia el gasto de 55 millones de dólares semanales señalado por el Ejecutivo, el ahorro potencial rondaría los 2.000 millones de dólares al año.
Sin embargo, ese ahorro para las arcas públicas no significa un beneficio para la población: mientras el Estado reduce su gasto, trabajadores y consumidores tendrían que enfrentar el encarecimiento del transporte, los alimentos y otros bienes y servicios.
Choferes rechazan el ajuste y amenazan con bloqueos
La decisión de retirar la subvención al diésel generó el rechazo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, que reclamó la derogación del Decreto Supremo 5716 y advirtió sobre la posibilidad de impulsar bloqueos de carreteras.
Víctor Tarqui, dirigente de los transportistas, cuestionó la medida por considerar que afectará directamente al sector y tendrá repercusiones sobre la economía de la población. El representante advirtió que el incremento de los costos del combustible tendrá consecuencias sobre las tarifas del transporte.
Tarqui defendió la importancia que tenía la subvención para mantener contenidos los precios de los combustibles y, con ello, contribuir a que los productos de primera necesidad conserven precios más accesibles. Desde su perspectiva, retirar este mecanismo trasladará una mayor carga económica a la población y agravará las dificultades que ya enfrentan los hogares.
Los transportistas también plantearon que los recursos obtenidos mediante préstamos, incluidos los gestionados con el FMI, podrían destinarse a mantener la subvención. Entre los efectos más inmediatos, el dirigente anticipó un aumento de las tarifas del transporte interdepartamental y provincial, debido al encarecimiento de los gastos de operación.
El sector también reclama respuestas a problemas que afectan su actividad cotidiana, entre ellos el deterioro de la red vial y las dificultades para acceder a financiamiento. Los transportistas sostienen que atender estas necesidades resulta crucial para sostener sus operaciones y asegurar la continuidad del servicio público.
Gobierno prolonga estado de excepción frente a conflictividad social
El Gobierno de Rodrigo Paz decidió extender por otros 90 días el estado de excepción en Bolivia, una medida que distintos sectores sociales cuestionan por considerar que puede convertirse en un instrumento para perseguir y criminalizar las protestas, movilizaciones y vigilias territoriales convocadas contra las políticas de ajuste y las medidas neoliberales impulsadas por la actual administración.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dio luz verde a la ampliación, con lo que la medida excepcional continuará vigente durante otros tres meses. El Ejecutivo justificó la decisión en la persistencia de factores de riesgo y en la posibilidad de que se reactiven movilizaciones y bloqueos capaces de afectar la circulación, el abastecimiento y la actividad económica.
Para las organizaciones sindicales y populares, la prórroga responde al intento de contener el creciente malestar frente al rumbo económico adoptado por el Gobierno. Entre los principales motivos de rechazo se encuentran el fuerte incremento del precio del diésel, la reducción de los ingresos de las familias y las denuncias de persecución contra dirigentes sindicales y referentes sociales críticos del Ejecutivo.
El conflicto tiene como antecedente las movilizaciones y bloqueos registrados durante mayo y junio, cuando la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz encabezaron protestas que paralizaron importantes vías del país y provocaron problemas de abastecimiento. Aquellas jornadas dejaron 16 personas fallecidas y ocasionaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares. A inicios de 2026, el pueblo tomó las calles para rechazar un intento de Paz de subir el precio de la gasolina y la venta de carburante en mal estado, que los bolivianos llamaron «gasolina basura«.
Las organizaciones sociales resaltaron que mantendrán su rechazo a las medidas económicas y a las restricciones asociadas al régimen excepcional. Asimismo, ratificaron que mantendrán su resistencia en las calles contra un modelo económico que consideran lesivo.
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