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La Procuraduría de Colombia anunció que verificará la existencia de 20 mil cuerpos sin identificar de desaparecidos-asesinados por la represión derechista en un hangar del aeropuerto de Bogotá, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas advirtió acerca de su posible existencia.
La información de un supuesto hangar con cuerpos no identificados fue comunicada a los expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que culminaron una visita en Colombia para verificar el trabajo del país en la búsqueda de sus miles de desaparecidos.
Villa explicó que los restos humanos estarían resguardados en un hangar porque no habría lugar para preservarlos.Horas después, el referido instituto colombiano negó la existencia de tal almacén de cadáveres.Sin embargo, la Procuraduría ordenó al instituto forense dar explicaciones sobre el asunto.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, manifestó en un video difundido a la prensa que ante la gravedad y magnitud de la información recibida por el comité de la ONU, personal a su cargo se desplazará al aeropuerto El Dorado a investigar.
Más de 121 mil 768 personas han sido víctimas de desaparición forzada en Colombia entre 1985 y 2016, de acuerdo con un documento de la Comisión de la Verdad, órgano extrajudicial que tuvo la misión de esclarecer el largo conflicto colombiano tras el acuerdo de paz de 2016 con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La ausencia de un registro centralizado y fiable de personas desaparecidas agrava el problema.
El Comité de la ONU resaltó deficiencias jurídicas, ineficacia, y la falta de claridad sobre el número de desaparecidos (entre 98.000 y 200.000). Durante su misión, la delegación se reunió con 80 autoridades, entre ellas la Ministra de Justicia, la Fiscal General, la Defensora del Pueblo, víctimas y organizaciones de la sociedad civil en Bogotá, Cali, Cúcuta, Medellín, Santa Marta y Villavicencio.
Visitó cinco centros de detención y asistió a diligencias en cementerios desbordados de cuerpos sin identificar, y un crematorio.«Aunque las desapariciones forzadas en Colombia comenzaron en la década de 1940, no son solo un crimen del pasado. Siguen ocurriendo a diario en todo el país en diferentes circunstancias», declaró la delegación.
Los hallazgos preliminares pintaron un panorama sombrío. La desaparición forzada abarca todos los grupos de edad y demográficos, y afecta a niños, niñas y adolescentes, líderes sociales, migrantes, periodistas, combatientes desmovilizados y maestros, entre otros. Son alarmantes los casos de reclutamiento forzado, trata de personas, desplazamiento forzado y migración, y desapariciones vinculadas a protestas sociales.
El panorama institucional está muy fragmentado, con mandatos que se solapan y una coordinación ineficaz. Entidades como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Búsqueda y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por ejemplo, comparten mandatos superpuestos.
Cuerpos sin identificar
Miles de cadáveres sin identificar yacen en cementerios o depósitos mal administrados, como un hangar del aeropuerto de Bogotá, donde actualmente se almacenan unos 20.000 cuerpos sin identificar.
El miedo a las represalias desalientan aún más las denuncias, sobre todo en las zonas controladas por grupos armados y el crimen organizado. Las víctimas de comunidades marginadas, como migrantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas afrocolombianas y personas LGTBIQ+, se enfrentan además a obstáculos geográficos, lingüísticos y de otro tipo.
El Comité de la ONU pidió acciones inmediatas y concretas, haciendo hincapié en que reforzar la coordinación entre las instituciones, racionalizar los mandatos, reducir el solapamiento burocrático y fomentar la colaboración son esenciales para que el sistema trabaje a favor de las víctimas y no en su contra. Asimismo, se necesita urgentemente financiación suficiente y personal especializado
El Comité también subrayó la necesidad de hacer frente a la impunidad: «Deben reforzarse los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que los funcionarios y las instituciones sean considerados responsables de sus acciones o de su inacción. Las familias de los desaparecidos merecen claridad, justicia y rendición de cuentas. Cada persona desaparecida representa una familia que espera respuestas, una comunidad desgarrada y una sociedad que se enfrenta a un dolor sin resolver», afirmó la ONU.
- Camilo Rengifo Marín -. Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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