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La Paz, 7 jun (Prensa Latina) La Central Obrera Boliviana (COB) denunció en un comunicado publicado en sus redes sociales que hoy existe una “cacería humana” contra sus dirigentes, y acusó al Gobierno de realizar “operativos clandestinos”.
Este viernes, la Justicia confirmó la detención preventiva por 180 días en la cárcel de San Pedro del dirigente vecinal de La Paz Justino Apaza, investigado por su presunta participación en la organización y promoción de las medidas de presión contra la Administración del jefe de Estado, Rodrigo Paz.
La investigación del Ministerio Público incluye presuntos delitos como instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y contra los servicios públicos.
Esta pesquisa forma parte de las acciones iniciadas por la Fiscalía contra dirigentes identificados como impulsores de las movilizaciones que persisten desde que el 1 de mayo último la COB convocó a este tipo de movilizaciones.
Poco antes de su arresto, Apaza tuvo una destacada participación en un cabildo en la ciudad de El Alto, donde instó a mantener las medidas de presión y los bloqueos en carreteras y accesos a las ciudades de La Paz y El Alto.
Tras la aprehensión en la puerta de su vivienda, familiares de Apaza denunciaron que el operativo se realizó sin que se exhibiera una orden judicial y mediante la reducción por la fuerza.
Apenas horas después de esta captura, el jueves, una operación criticada por familiares de la exsenadora afín a Evo Morales Simona Quispe concluyó con su traslado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, donde durmió, y al día siguiente fue puesta en libertad al no hallar pruebas contra ella.
Según la hija de Quispe, la exlegisladora de origen aymara fue reducida ante ella mediante la fuerza por encapuchados y subida a un minibús de color blanco sin chapa de circulación.
Igual suerte corrió el mismo día la secretaria de la Federación cocalera Carrasco, Yesenia Vargas, afín al expresidente Evo Morales.
Vargas llegó procedente del Trópico de Cochabamba a la ciudad de EL Alto para unirse a las marchas y bloqueos.
Poco antes de su arresto, afirmó en una entrevista concedida a la Radio Kawasachun Coca que “estamos aquí, estamos firmes, porque tiene que salir este Gobierno. No voy a permitir que este Gobierno esté cinco años más y esté saqueando a nuestro país”.
El jueves, el Senado aprobó en primera y segunda lectura el Proyecto de Ley de Reglamento de Estado de Excepción y remitió a la Cámara de Diputados esa normativa que abre puertas a un mayor grado de represión contra marchistas y bloqueadores.
La acusación de la COB salió a la luz en el día 37 desde que la institución matriz del sindicalismo boliviano convocó a diversas fuerzas populares a realizar marchas y bloqueos con la exigencia de la renuncia del presidente Paz.
Inicialmente, la COB promovió movilizaciones para reclamar una respuesta a su pliego petitorio en el que resaltaba el reclamo de un incremento salarial del 20 por ciento, lo cual no fue atendido por el Ejecutivo.
Posteriormente, se sumaron a este tipo de medidas de presión todas las organizaciones sociales que hoy se encuentran movilizadas.
Los bloqueos provocan un panorama crítico en varias regiones tras el cierre de las vías durante más de un mes, lo cual impide el acceso a combustibles, oxígeno para hospitales, alimentos, insumos médicos y medicamentos.
Principalmente en La Paz y El Alto es muy notoria la escasez de estos productos, y lo poco que se vende duplicó o triplicó su precio ante la desesperación de la población, que reclama soluciones.
Este sábado, la Administradora Boliviana de Carreteras reportó 80 puntos de bloqueo en seis departamentos del país: Cochabamba encabeza la lista con 22 cortes de ruta, seguida por La Paz (19); Potosí (15), Oruro (12); Chuquisaca (nueve) y Santa Cruz (tres).
Por su parte, la Cámara Nacional de Industrias informó que estos conflictos entre el Gobierno y los movilizados ya causaron al sector pérdidas valoradas en dos mil millones de dólares.
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