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La Defensoría del Pueblo informó este domingo que los enfrentamientos registrados durante el operativo policial y militar ejecutado en San Julián, departamento de Santa Cruz, dejaron un saldo de 33 personas heridas, entre civiles y efectivos policiales. La institución verificó además que cuatro de los uniformados lesionados presentaban impactos de arma de fuego, uno de los cuales permanece internado en una unidad de terapia intensiva.
De acuerdo con el reporte defensorial, entre los heridos se encuentran 26 civiles y siete efectivos policiales. De los civiles afectados, 24 sufrieron lesiones leves y moderadas y fueron dados de alta tras recibir atención médica, mientras que dos permanecen hospitalizados para ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, uno de ellos por una herida de bala.
En el caso de los policías, la Defensoría confirmó que cuatro resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego durante los hechos ocurridos en el operativo de desbloqueo de la carretera hacia Beni.
La institución expresó su preocupación por los hechos de violencia registrados el pasado 6 de junio y recordó que toda actuación estatal en contextos de conflictividad social debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza, garantizando en todo momento la protección de la vida y la integridad física de las personas.
Asimismo, señaló que el derecho internacional no ampara el ejercicio de la protesta cuando esta deriva en actos de violencia extrema. En ese marco, indicó que durante el operativo se habría evidenciado la presencia de actores paraestatales y grupos de choque, además del uso de armas de fuego y explosivos.
Ante esa situación, la Defensoría pidió al Ministerio Público llevar adelante una investigación objetiva, imparcial y transparente para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades individuales. La entidad consideró fundamental que se determine el origen de los hechos de violencia y la participación de los distintos actores involucrados.
La institución también recordó las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que instan al Estado a prevenir la conformación de grupos que se atribuyan funciones de seguridad. En ese sentido, advirtió que la existencia de grupos paraestatales o de choque en escenarios de crisis constituye una práctica ilegal y altamente riesgosa.
La Defensoría del Pueblo exhortó a todos los actores involucrados a evitar una escalada de la violencia, priorizar mecanismos pacíficos para la resolución de conflictos y garantizar la protección de la población civil. La institución anunció que continuará realizando un monitoreo permanente de la situación en cumplimiento de su mandato constitucional.
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