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Por Soledad Buendía Herdoíza
En el campo de la gestión pública contemporánea, pocas discusiones resultan tan relevantes como la relación entre el valor público, la capitalización política y la legitimidad. Estos tres conceptos, lejos de operar de manera aislada, configuran un entramado dinámico que define tanto la efectividad de la acción gubernamental como su sostenibilidad en el tiempo. Comprender su interacción permite no solo analizar el desempeño de los gobiernos, sino también identificar los riesgos de distorsión que emergen cuando el equilibrio entre ellos se rompe.
El concepto de valor público, desarrollado por Mark H. Moore, plantea que la función esencial del sector público es generar resultados que sean socialmente valorados. Esto implica ir más allá de la eficiencia administrativa o del cumplimiento normativo, para centrarse en la producción de bienestar colectivo, la garantía de derechos y el fortalecimiento de la confianza ciudadana. El valor público, en este sentido, no es únicamente un resultado técnico, sino una construcción social que depende tanto de los impactos reales de las políticas públicas como de la percepción que la ciudadanía tiene de ellas.
Por su parte, la capitalización política se refiere al proceso mediante el cual los actores gubernamentales traducen los resultados de su gestión en apoyo político. Este apoyo puede manifestarse en términos de legitimidad electoral, aprobación ciudadana, estabilidad institucional o capacidad de gobernar. La capitalización política no es, en sí misma, un fenómeno negativo; por el contrario, constituye un elemento necesario para la continuidad de proyectos públicos y la implementación de políticas de largo plazo. Sin embargo, su naturaleza instrumental la convierte en un terreno fértil para tensiones éticas y estratégicas.
La legitimidad emerge como el punto de encuentro entre ambos conceptos. Desde la perspectiva clásica de Max Weber, la legitimidad se entiende como la creencia en la validez del orden establecido y en el derecho de quienes gobiernan a ejercer autoridad. En el contexto actual, esta legitimidad no se sostiene únicamente en fundamentos legales o tradicionales, sino en la capacidad efectiva del Estado para generar valor público. Es decir, la legitimidad contemporánea es cada vez más una legitimidad de desempeño.
La relación entre valor público, capitalización política y legitimidad puede entenderse como un ciclo que, idealmente, debería ser virtuoso. En primer lugar, la generación de valor público produce beneficios tangibles e intangibles para la sociedad, lo que incrementa la confianza en las instituciones. En segundo lugar, esta confianza se traduce en legitimidad, fortaleciendo la autoridad del gobierno. Finalmente, la legitimidad obtenida puede ser capitalizada políticamente para sostener proyectos de gobierno, ampliar márgenes de maniobra y profundizar políticas públicas. En este escenario, la capitalización política no distorsiona el valor público, sino que lo amplifica y lo protege.
No obstante, este ciclo puede degradarse cuando la capitalización política se desvincula del valor público. En contextos de alta competencia electoral o de presión mediática, los gobiernos pueden verse tentados a priorizar acciones que generen beneficios políticos inmediatos, aunque su impacto en términos de valor público sea limitado o incluso negativo. Este fenómeno se manifiesta en prácticas como el populismo, la sobreexposición mediática de logros marginales o la implementación de políticas simbólicas sin sustento estructural. En estos casos, la capitalización política sustituye al valor público, generando una legitimidad frágil y efímera.
Asimismo, existe el riesgo inverso: la generación de valor público que no logra traducirse en capital político. Esto puede ocurrir cuando los gobiernos carecen de estrategias efectivas de comunicación o cuando los resultados de las políticas públicas no son percibidos por la ciudadanía. En tales situaciones, incluso intervenciones altamente efectivas pueden no fortalecer la legitimidad gubernamental, lo que limita la capacidad de sostenerlas en el tiempo. Este desfase pone en evidencia que el valor público, para ser políticamente relevante, debe ser también socialmente reconocido.
Desde una perspectiva directiva, el desafío consiste en articular estos tres elementos sin sacrificar la integridad de la acción pública. Esto implica, en primer lugar, diseñar e implementar políticas que respondan a necesidades reales y generen impactos verificables. En segundo lugar, desarrollar estrategias de comunicación que permitan visibilizar estos impactos y construir narrativas públicas coherentes. Finalmente, asegurar que la capitalización política derivada de estos procesos se utilice para fortalecer la institucionalidad y no para debilitarla.
En conclusión, el valor público, la capitalización política y la legitimidad conforman un triángulo fundamental para la comprensión de la gobernanza contemporánea. Su adecuada articulación permite construir gobiernos efectivos, legítimos y sostenibles. Sin embargo, su desequilibrio puede derivar en dinámicas de corto plazo que erosionan la confianza ciudadana y debilitan las instituciones. En un contexto de creciente exigencia social y complejidad política, la capacidad de los liderazgos públicos para gestionar esta relación se convierte en un factor decisivo para el futuro de lo público.
Opinión – La Época – Con sentido del momento histórico
