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Diversos sectores sociales y productivos tenían previsto realizar protestas este 22 de diciembre contra el Gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz y su decreto para eliminar la subvención a los combustibles, sin embargo, las autoridades lograron convencer a varios sindicatos y organizaciones para que acepten la medida.
El presidente Rodrigo Paz mantiene reuniones con diferentes sectores productivos y sociales, con la finalidad de lograr la aplicación del decreto 5503, que puso el fin a la subvención estatal a los combustibles. De esta manera, el Gobierno logró desactivar una anunciada oleada de protestas, que amenazaban con parar al país. Si bien este 22 de diciembre se registraron 20 puntos de bloqueo a nivel nacional, la cifra se reducía conforme las dirigencias de las organizaciones pasaban a dialogar por la Casa Grande del Pueblo.
La eliminación de la subvención a la gasolina y al diésel fue hasta el momento la jugada más arriesgada del Gobierno de Paz, que se inició hace un mes y medio. El actual esquema de subsidio a los carburantes demostró su inviabilidad. Al terminar este 2025, el Estado habrá gastado 3.500 millones de dólares para mantener bajo el precio de los combustibles, importados a precio internacional para venderlos en el mercado interno a un precio inferior a la mitad de su costo.
La noche del 21 de diciembre, el presidente Paz se reunió con representantes de varios sectores y sostuvo un diálogo que se transmitió en vivo por el canal estatal y por redes sociales. Allí el mandatario mantuvo su postura: el decreto no se dará de baja. Pero su Gobierno está abierto a dialogar con todos los sectores para explicarlo y mejorarlo.
«Si vamos a generar confianza es porque debo decir la verdad, aunque esa sea la que uno no quiere escuchar», expresó el presidente a quienes estaban allí presentes, así como a los miles que lo sintonizaban por Internet.
«Cada día pagamos 10 millones de dólares por la subvención y la gran mayoría se la llevan los contrabandistas.
Ellos se hacen millonarios, como pasa desde hace 20 años», sostuvo. Según cálculos gubernamentales, el 30% de combustibles se desviaba al contrabando, lo cual representaba la pérdida de 3 millones de dólares al día.
Varios sectores que actualmente se manifiestan en todo el país reconocen que la política de la subvención es ineficiente, sin embargo, exigen al Gobierno un retiro gradual del financiamiento, en vez de inmediato, como finalmente ocurrió.
«No tengo plata ni para hacerlo gradual. Yo quisiera hacerlo gradual para ayudar a la gente e ir entrando a una normalidad, pero es que no tengo. Sé fueron los señores que han gobernado 20 años y nos han dejado un país quebrado», dijo en referencia a los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
También respondió a varios dirigentes de organizaciones sociales que exigen a las autoridades públicas una rebaja en sus sueldos, de modo que compartan con la población la carga económica por el retiro de las subvenciones.
Paz comparó los 10 millones de la subvención con el costo de mantener activas varias funciones del Estado. Indicó que el presupuesto anual de la Asamblea Legislativa Plurinacional asciende a 35 millones de dólares, lo cual equivale a tres días y medio de gastos para mantener a los combustibles por debajo del precio internacional promedio.
Negociaciones permanentes
Paz y sus funcionarios han mantenido decenas de reuniones con diferentes sectores sociales. En todos los casos logró convencerlos, se comprometió a darles apoyo y pudo desmovilizarlos.
Lo logró con la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, que finalmente suspendió su paro nacional indefinido. Este 22 de diciembre, en la ciudad de La Paz se sintió la protesta de los trabajadores mineros, nucleados en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia. Sin embargo, eventualmente aceptaron reunirse con el Gobierno y posteriormente anunciaron su desmovilización.
Los mineros decretaron un cuarto intermedio hasta enero de 2026, cuando volverán a dialogar con el Gobierno sobre este tema, también sobre la nueva ley de Minería que elabora el Ejecutivo.
Oruro, con cinco bloqueos en diferentes carreteras, era el departamento que concitaba más protestas. Simiano Valero es autoridad originaria de la comunidad Villañeque, junto al lago Poopó, en Oruro.
«Las carreteras de Oruro están totalmente bloqueadas. He ido desde mi comunidad hasta la ciudad de Oruro para reunirnos con otras organizaciones. Pude superar varios puntos de bloqueo, pero solamente porque soy autoridad originaria», dijo a Sputnik.
Y agregó: «Como pueblos indígenas originarios estamos muy preocupados por este ‘decretazo’ del presidente Paz. Debía pensar un poquito en los pueblos indígenas, que no tenemos un salario fijo. Nosotros vivimos al día, por esa razón pedimos la baja de este decreto».
Diálogos pendientes
El Gobierno nacional ya llegó a acuerdos con los principales sindicatos de transportistas del país. Pero aún no dialogó con los campesinos e indígenas movilizados: «Con mucho gusto concurriríamos a reunirnos con el Gobierno si nos convocan. Pero no se contactan con nosotros. Por eso la gente en nuestras comunidades se ha molestado», dijo Valero.
En diálogo con Sputnik, el analista Álex Contreras destacó la pericia del Gobierno de Paz para dialogar con diferentes sectores y encontrar puntos de encuentro. Actualmente, el costo del boleto de buses en las ciudades bolivianas es de 2,50 pesos bolivianos, unos 35 centavos de dólar.
Pero desde que el Gobierno presentó el decreto 5503, varios sindicatos decidieron unilateralmente duplicar los precios. No obstante, de acuerdo a estudios de varias consultoras, el costo del combustible representa el 30% de los gastos inherentes al funcionamiento de sus unidades, los cuales incluyen el pago de impuestos y el costo de repuestos.
En varias ciudades bolivianas, las alcaldías consensuaron instalar un costo transitorio de tres pesos para el costo del pasaje, unos 42 centavos de dólar.
«Creo que todos los sindicatos del transporte público van a llegar a acuerdos con el Gobierno. Se ve que hay habilidad y experiencia en algunos de sus ministros y viceministros, que en las últimas horas lograron desmovilizar y llegar a acuerdos con algunos sectores sociales», dijo Contreras.
El costo para la población
Para Contreras, el retiro de la subvención podría repercutir en un aumento de precios desproporcionado de la canasta básica, lo cual afectaría a las familias bolivianas. Desde este 22 de diciembre, varios funcionarios de municipios y gobernaciones del país salieron a las calles para controlar que no se registraran cobros indebidos a la población, tanto en los costos de los alimentos como de los pasajes.
Con el retiro de la subvención, el experto señaló que «económicamente el país puede ser favorecido. Y políticamente el Gobierno puede ganar tranquilidad para el próximo año. Pero la gran preocupación puede estar en la población boliviana que se verá afectada. Un aumento en los combustibles va a repercutir en los costos de alimentos. Y esto puede derivar en incremento de las familias bajo la línea de la pobreza de nuestro país».
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2023, la pobreza moderada alcanza al 36,5% de la población boliviana, mientras que la extrema afecta al 11,9%. A partir de la sanción del decreto 5503, el pasado 17 de diciembre, el Estado boliviano se ahorró 50 millones de dólares por la importación de combustibles.
Hasta esa fecha, el litro de gasolina costaba Bs. 3,74 (unos 50 centavos de dólar). Ahora cuesta Bs. 6,96 (un dólar). En el caso del diésel, subió de Bs. 3,72 a Bs. 9,80.
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