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Por La Época -.
La resistencia al decretazo del gobierno de Rodrigo Paz no empezó muy bien. Aunque puede ser especulación, es probable que el Órgano Ejecutivo haya inducido, por la forma en que fue presentado, a que el rechazo de un amplio sector de la población oriente su mirada hacia un solo aspecto: el alza de los precios de los combustibles por las consecuencias que tiene en materia de precios de todos los productos de consumo popular.
No es que el alza de la gasolina y el diésel carecen de importancia. No estamos diciendo eso, pues el traslado del trabajador y sus hijos a la fuente de trabajo y de estudios, por tomar un ejemplo más o menos estándar, impactará negativamente y de inmediato en los ingresos familiares. Ni qué decir en familias de dos hijos o más. Y eso es solo considerar el transporte de un lugar a otro, sin tomar en cuenta el consumo de alimentos y el acceso a servicios como la energía eléctrica, el gas domiciliario y las telecomunicaciones que elevarán sus precios o tarifas y afectarán a la mayor parte de la población.
Peor en la mayor parte de las declaraciones de los dirigentes sindicales y de no pocos analistas lo que se omite es una interpretación del Decreto Supremo 5.503. Resulta que, improvisado o no, es una disposición legal que se coloca por encima de la Constitución Política del Estado, en los hechos anula atribuciones centrales de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en sus artículos 158 y 8, abre las puertas de par en par para que nuestros recursos naturales mineros, petroleros y otros sean entregados en un máximo de 30 días a las transnacionales sin mayor obstáculo. Es decir, es un decreto ilegal.
Es por eso que el DS 5.503 tiene un carácter estratégico como el DS 21.060. Si este decreto no sufre algún golpe o modificación, lo que el gobierno de Paz estará iniciando es un nuevo ciclo político, económico, social y estatal, aunque con la desventaja de su virulencia. No pocas veces se ha sostenido que el DS 21.060 fue algo más que un decreto económico y eso es lo que va a suceder con el DS 5.503. Esta es una lectura que los dirigentes sociales y políticos progresistas no están teniendo, con la agravante de que, a diferencia de los años 80, los operadores de la burguesía en función de gobierno están criminalizando al sujeto social y político progresista o de izquierda. Antes se los llamaba comunistas, extremistas y guerrilleros, pero ahora, con un lenguaje que conduce al odio y la venganza, se los llama, al muy estilo Trump, ladrones, corruptos y narcotraficantes. Ese tipo de calificaciones también son inconstitucionales.
Las protestas anunciadas por los sindicatos de mineros y campesinos, los más fuertes de la Central Obrera Boliviana (COB), se dirigen al tema de los combustibles y con esa parcial interpretación del DS 5.503 lo que hacen es facilitar la estrategia del Gobierno. Desde la izquierda nunca hay que dejar de apoyar la lucha social, pero es probable que no se tengan resultados favorables a los intereses populares si no hay una comprensión más amplia de los peligros que se están enfrentando.
Lo que está en juego no solo es el precio de los carburantes, sino el Estado Plurinacional, nuestros recursos naturales, las organizaciones sociales y la democracia que se amplió en 20 años con la participación de la gente.
Opinión – La Época – Con sentido del momento histórico
