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Por La Época -.
La aprehensión de la exdiputada Lidia Patty solo confirma la deriva no tan sutilmente persecutoria de la Justicia, tradicionalmente funcional a las élites gobernantes y actualmente subordinada al Gobierno presidido por Rodrigo Paz. A esta detención se suman otras órdenes de arresto en contra de exautoridades y dirigentes sindicales otrora alineados al Movimiento Al Socialismo (MAS), como el director de Eamapa, Franklin Flores, y Carlos Huarachi, hace poco secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), principal ente matriz de la clase trabajadora.
Paralelamente, los medios informan sobre la llegada de un exgeneral de las Fuerzas Armadas implicado en el intento de golpe de Estado del 26 de junio de 2023, Juan José Zúñiga, y la reincorporación de cinco policías involucrados en el motín que derivó en el golpe de Estado de 2019. Sobre el primer hecho llama la atención el retraso de una sentencia conclusiva en contra de una persona que estrelló un vehículo militar en contra de las puertas de Palacio de Gobierno a plena luz del día y frente a las cámaras de periodistas y civiles entonces presentes. Quizás debió disparar para dejar superada cualquier duda sobre sus intenciones. Sobre el segundo, alarma que se haya optado por restituir a dichos uniformados al servicio activo de las fuerzas del orden luego de que sus acciones derivaran en la interrupción de un mandato constitucional que facilitó un gobierno no electo y dos masacres, además de ejecuciones sumarias y cientos de arrestos injustificados.
Los órganos represivos del Estado ejercen su rol de clase de forma indisimulada hoy en día, castigando e indultando según la discreción de los sectores dominantes de la sociedad. Específicamente, la banca y el agronegocio, con la abierta cooperación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien proclamó públicamente su intención de perseguir a cuanta exautoridad del anterior Gobierno sea posible. Saucedo, por otro lado, fue acusado por otro magistrado del departamento del Beni, Carles Mejia, por liderar una red de extorsión judicial de amplio alcance.
La Justicia boliviana se encuentra entre una de las más corruptas del mundo, pero sería exagerado decir que es un caso excepcional, en un continente donde el Estado, como entidad concreta, tiene una larga historia de represión, persecución e incluso aniquilamiento de fuerzas populares y sociedad civil en general, aunque siempre en contra de los más pobres. Lo particular del caso boliviano reside en que se tuvo poco más de dos décadas para desmontar aquella dominación clasista sobre los aparatos represivos del Estado, sin haber aprovechado la oportunidad. Los mismos jueces y generales que en algún momento parecieron convencidos militantes del oficialismo derrotado en las elecciones de octubre pasado, son hoy sus principales verdugos.
Ya no tiene sentido llorar sobre leche derramada, por supuesto. Pero resulta necesario, por otro lado, que las organizaciones de izquierda y las fuerzas populares del país en general, y particularmente sus dirigencias, recuerden que fetichizar la formalidad del Estado burgués es y siempre ha sido un grave error. No se trata de lo que las leyes digan, permitan o prohíban, sino de la necesidad política del saldar cuentas con el pasado. El gobierno del MAS olvidó aquel carácter de clase en la cumbre del propio Estado Plurinacional. El gobierno de las élites no será tan ingenuo en su intención de restituir el viejo Estado Republicano Colonial.
Se trata, como dirían los clásicos, de una “razón de Estado”, más allá de cualquier racionalidad. Resulta un poco sorprendente que se deba recordar a la propia izquierda la esencia represiva de cualquier Estado, sobre todo de un Estado señorial.
Opinión – La Época – Con sentido del momento histórico
