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La entrada Entre la profunda desilusión y esperanza apareció primero en La Época – Con sentido del momento histórico.
Por Esteban Ticona Alejo *-.
Quedamos profundamente decepcionados de los que dicen ser “juristas independientes” por la abrupta acción de los administradores de Justicia que, en un tiempo récord, dejaron en libertad a quienes causaron el golpe de Estado atípico en 2019: Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari y algunos militares. Aún esperan ese patrocinio Jeanine Áñez, Arturo Murillo y otros.
Camacho, en el año citado, fungía como presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Hay que recordar que esta persona, con amenazas y promesas, declaraba públicamente que su padre José Luis “fue quien cerró con los militares para que no salgan, por esa razón, la persona que fue a hablar con ellos y a coordinar todo fue Fernando López, actual ministro de Defensa. Por eso él está de ministro, para cumplirle los compromisos”. No se terminó de investigar qué compromisos se acordaron con los militares y los policías, cuánto dinero se pagó a los militares y a los policías que se amotinaron. Esta declaración pública es la mejor prueba de que sí hubo el golpe de Estado.
En los días luctuosos de noviembre se reveló que corrió mucho dinero, incluso se dijo que Áñez habría recibido una fuerte suma de dinero por asumir la Presidencia y que nunca desmintió. También se sabe que todos los bloqueos de las pititas, las plataformas, Conade, comités cívicos, resistencias en el país, fueron financiados por capitalistas-empresarios como Fernando Camacho y su familia, por políticos de oposición y gente vinculada con la extrema derecha racista. A Marco Pumari se lo ha mostrado como uno de los principales promotores del incendio de las oficinas del Tribunal Electoral Departamental de Potosí.
El pueblo profundo no ha perdido la memoria. Recuerda que fue humillado quemándoles su wiphala por algunos policías ignorantes, fue ahogado en sangre por los militares en Senkata-El Alto y Sacaba-Cochabamba. Que fueron estigmatizados como hordas, salvajes, bestias humanas y varios de sus líderes fueron encarcelados por reclamar justicia.
Frente a estos hechos contundentes y públicos, con 30 muertos, ¿cómo es posible declarar cuasi héroes a Camacho, Pumari y los que vengan? El lenguaje jurídico de (in)justificación no puede pensar que el pueblo es ignorante y dócil cuando los hechos explican lo sucedido.
La esperanza, frente a la profunda desilusión mencionada, tiene que ver con las acciones de muchos comunarios y comunarias del Municipio de Viacha, ubicado muy cerca de la ciudad de El Alto en el Departamento de La Paz, que marcharon y tomaron físicamente el edificio de la Alcaldía la mañana del 1 de septiembre, en protesta por la contaminación minera.
“¡No más actividades mineras, no más empresas mineras, no más contaminación!”, expresó una las autoridades originarias que lideró la protesta. Además, en varias pancartas decían: “¡No a la minería! La vida vale más que el oro”. Además había carteles en aymara con frases similares.
Las personas movilizadas exigieron al Concejo Municipal de Viacha aprobar una ley de rechazo a las actividades mineras y la contaminación. Asimismo, buscaron la explicación del alcalde, Napoleón Yahuasi, por las autorizaciones de las actividades mineras.
Finalmente, el alcalde emitió una ley para retirar las licencias mineras a más de una veintena de empresas denunciadas por provocar fuerte contaminación en el suelo y pastizales con efectos nocivos en la salud del ganado y personas.
El documento establece que “la autoridad edil debe encargarse de gestionar el cierre y mitigación de toda actividad minera, la presentación de una acción de cumplimiento judicial y la revocatoria de todas las licencias de funcionamiento”.
La autoridad originaria, Narciso Canaviri, declaraba a un medio de comunicación: “nuestros animales se están muriendo, nuestros compañeros están enfermos, queremos justicia, no podemos soportar más. No queremos más actividad minera, no queremos más fábricas, porque afectan al campo, al agro y al agua”.
La impotencia de reclamar reiteradamente mediante cartas hace comprender que solo la presión colectiva y contundente puede parar la contaminación de la minería. Es un gran paso, pero no se puede confiar del todo. Es posible que haya nuevas artimañas entre las autoridades locales y la minería contaminante. Arsusiñasawa jilatanaka, kullakanaka. Jiwayir jaqinakaxa wali suma k’umar tukutawa.
* Sociólogo y antropólogo aymara boliviano
Opinión | La Época – Con sentido del momento histórico
